La supremacía de la Constitución y su carácter central obligan a interpretar todo el ordenamiento jurídico en el sentido de los principios y reglas constitucionales. Para que una ley sea declarada inconstitucional, el juez debe buscar, en vía interpretativa, una concordancia de dicha ley con la Constitución. No se deben ignorar los valores de la Constitución.
La Constitución reserva determinadas materias para ser reguladas, de una manera más o menos completa, por ley: es lo que se denomina ‘reserva de ley’. Esta regulación debe realizarse por las Cortes Generales o, al menos, por norma de igual rango y fuerza que la ley parlamentaria. La intensidad de esta reserva puede variar en dos sentidos:
La ley es la norma escrita de mayor rango, aprobada por el parlamento y cuyo único límite es la Constitución Española (CE). Su superioridad se debe a que todas las leyes emanan del parlamento, donde reside la soberanía popular.