El artículo 15 de la Constitución Española (CE) se sitúa en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I, lo que le otorga el máximo nivel de protección: aplicación directa, reserva de ley orgánica y tutela mediante el recurso de amparo. El precepto establece que “todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral”, prohibiendo la tortura, las penas inhumanas y aboliendo la pena de muerte.
La responsabilidad jurídica puede adoptar distintas formas según la naturaleza de la conducta realizada y la finalidad perseguida por el ordenamiento. Las tres categorías principales son:
Según el artículo 1.1 CE, España es un Estado de Derecho. Esto significa que todas las autoridades y poderes públicos están sometidos al Derecho y deben actuar conforme a él, respetando la Constitución y los derechos de los ciudadanos que esta reconoce.
De la cláusula «Estado de Derecho» se derivan dos consecuencias:
Son, Seguir leyendo España como Estado de Derecho: Principios Constitucionales y Garantías Jurídicas
Nuestra Constitución de 1978, al igual que sucede con la Constitución Italiana de 1947, contiene lo que la doctrina ha denominado la Cláusula General de Igualdad en el artículo 14 de la CE: «Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».
Como ha destacado la doctrina, Seguir leyendo La Cláusula General de Igualdad en la Constitución Española: Fundamentos y Aplicación
Después de la II Guerra Mundial, países como Alemania e Italia abandonan la tradición de no incluir a los partidos políticos en sus Constituciones, al entender que no es posible una democracia sin ellos, algo que el fascismo había evidenciado. En España, tras la dictadura franquista y la prohibición de los partidos, la Constitución de 1978 los incorpora con gran relevancia.
Primero se reconoce el pluralismo político Seguir leyendo Régimen Jurídico de los Partidos Políticos y Mecanismos de Participación Ciudadana en España
De acuerdo con lo previsto en el Art. 149.1.8.ª de la CE, el Estado tiene competencia exclusiva en la determinación de las fuentes del Derecho. En consonancia con lo anterior, el Art. 1 del Código Civil (CC) concreta el sistema de fuentes español:
Entiéndase por “ley”, a los solos efectos de este Art. 1.1 del CC, cualquier norma jurídica escrita.
Reconocido en la Ley 19/2013 y el art. 13 LPAC, es un derecho subjetivo real. Lo puede ejercer cualquier persona sin acreditar interés ni motivar la solicitud, lo que lo aproxima a una lógica de transparencia institucional más que al régimen procedimental clásico.
Su objeto es amplio: cualquier documento, dato, informe o expediente en poder de la Administración. No es absoluto: cede ante límites tasados (seguridad nacional, datos personales, secreto Seguir leyendo Fundamentos y Derechos en el Ámbito de la Administración Pública
Se funda en el valor superior del pluralismo político. De dicha cláusula se deduce el enunciado de una directiva estructural básica para la Administración: su naturaleza vicarial o servicial. La Administración es, en efecto, una estructura fundamental que no tiene fines propios, pues atiende al cumplimiento práctico de los fines del Estado, con estricta sujeción a los tres poderes clásicos; si bien dicha sujeción no es de la misma naturaleza frente a cada uno de ellos: Seguir leyendo Formas de la Acción Administrativa: Policía, Fomento y Servicio Público
La Constitución es el texto fundamental y la base donde se asienta el Estado; es el instrumento sobre el cual se fundamenta el resto de normas. Si lo organizamos en una pirámide, en la cúspide estaría la CE, de esta emanan el resto de normas jurídicas de nuestro ordenamiento jurídico (OJ). Debajo de la CE están las normas con rango de ley y, si seguimos descendiendo, encontramos reglamentos y otras normas.
Respecto a la legitimidad, cada norma la Seguir leyendo Fundamentos y Estructura del Sistema Constitucional Español