Principios del Ordenamiento Jurídico Español y Control de Constitucionalidad

Principios del Ordenamiento Jurídico Español

Jerarquía Normativa

El ordenamiento jurídico español se basa en una estructura jerárquica, donde las normas de mayor rango prevalecen sobre las de menor rango. La Constitución Española ocupa la cúspide de esta jerarquía, seguida de las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los decretos legislativos y los decretos-leyes, entre otros.

Principio de Competencia

El principio de competencia establece que cada órgano o entidad tiene atribuidas determinadas competencias para crear normas jurídicas. Este principio es especialmente relevante en el sistema autonómico español, donde se distribuyen las competencias entre el Estado central y las Comunidades Autónomas.

Principio de Constitucionalidad

Todas las normas del ordenamiento jurídico deben respetar la Constitución Española. El Tribunal Constitucional es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de este principio, a través de los recursos de inconstitucionalidad y la cuestión de inconstitucionalidad.

Control de Constitucionalidad

Autocuestión de Inconstitucionalidad

La autocuestión de inconstitucionalidad es un mecanismo que permite al propio Tribunal Constitucional plantearse la constitucionalidad de una ley o norma con fuerza de ley, cuando está resolviendo un recurso de amparo y considera que la vulneración de un derecho fundamental puede deberse a la aplicación de una norma inconstitucional.

Recurso de Inconstitucionalidad

El recurso de inconstitucionalidad es un procedimiento que permite impugnar la constitucionalidad de una ley o norma con fuerza de ley ante el Tribunal Constitucional. Están legitimados para interponer este recurso el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados o 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y las Asambleas de las Comunidades Autónomas.

Decreto Legislativo

El Decreto Legislativo es una norma con rango de ley que emana del Gobierno, en virtud de una delegación legislativa otorgada por las Cortes Generales. Esta delegación debe realizarse mediante una ley de bases o una ley de refundición, y debe cumplir con los límites y requisitos establecidos en la Constitución Española.

Modalidades de Delegación Legislativa

Ley de Bases

La ley de bases establece los principios y directrices generales de una materia, y habilita al Gobierno para desarrollarlos mediante un texto articulado.

Ley de Refundición

La ley de refundición faculta al Gobierno para reunir en un único texto legal diversas normas dispersas sobre una misma materia.

Límites y Requisitos de la Delegación Legislativa

La Constitución Española establece una serie de límites y requisitos para la delegación legislativa, con el fin de evitar una habilitación en blanco al Gobierno. Entre estos límites se encuentran la prohibición de delegar materias reservadas a ley orgánica, la necesidad de que la delegación sea expresa y para una materia concreta, y la obligación de fijar un plazo para el ejercicio de la delegación.

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