1. La independencia e imparcialidad del juez
La independencia no solo se atribuye al Poder Judicial como conjunto, sino también a cada juez individualmente (art. 117.1 CE). Esta independencia implica que jueces y magistrados deben actuar sin interferencias de otros poderes, del propio Poder Judicial o de cualquier otra instancia. No deben estar sometidos a órdenes o instrucciones de nadie en el ejercicio de sus funciones, lo cual está prohibido por el art. 12.3 LOPJ, permitiendo solo que sus decisiones sean corregidas mediante recursos legales (art. 12.2 LOPJ) y no por otra vía que no sea la ley. Deben resolver los casos basándose únicamente en criterios de justicia, sin dejarse influir por la identidad de las partes, sus simpatías personales u otros factores externos.
Además de la independencia judicial consagrada en la CE, existe otro principio estrechamente ligado a la labor de jueces y magistrados: la imparcialidad. Aunque no aparece de forma expresa, el Tribunal Constitucional ha afirmado que está implícita como parte del derecho a la tutela judicial efectiva (Caso médico pediatra). La imparcialidad implica que el juez debe resolver los conflictos sin predisposición hacia ninguna de las partes, basándose en la ley, su conocimiento jurídico y su responsabilidad ética. Este principio se aplica al caso concreto que el juez debe resolver. Según el TEDH en el Caso Piersack, existen dos tipos de imparcialidad:
- Subjetiva: Se refiere a la ausencia de prejuicios personales del juez. Es difícil de comprobar porque atañe al pensamiento interno del juzgador. Solo puede cuestionarse si existe una manifestación externa clara de su ideología o creencias. Factores como convicciones religiosas, políticas, educación o el estatus social pueden influir, pero, en general, se presume que el juez es imparcial salvo que se demuestre lo contrario.
- Objetiva: Se basa en que el juez no esté en circunstancias que generen dudas razonables sobre su neutralidad. Estas pueden incluir su afiliación a un partido, haber ocupado un cargo público, la relación con la autoridad que lo nombró, o vínculos personales o profesionales con alguna de las partes del juicio (caso Blesa Rodríguez c. España). Se aplica para transmitir confianza y seguridad jurídica.
Para la imparcialidad objetiva, primero debe estar garantizada la independencia del juez, lo que demuestra que ambos conceptos están estrechamente conectados y no deben limitarse solo a su relación con el poder político. También se debe analizar si el juez es capaz de mantenerse al margen de otras influencias sociales, su propia asociación profesional, ideología, creencias personales, medios de comunicación, deseos de notoriedad pública o convicciones religiosas. La independencia debe mantenerse en el momento de juzgar y ejecutar lo juzgado.
Existen mecanismos legales que protegen estos principios, como la recusación (la parte pide que el juez se aparte) y la abstención. Las causas que comprometen la imparcialidad del juez (parentesco, interés directo o enemistad manifiesta) están reguladas en la LOPJ. Si el juez detecta alguna de estas causas, debe abstenerse; si no lo hace, las partes pueden recusarlo. No puede abstenerse libremente: solo si la ley lo permite, y fuera de esos casos debe asumir y resolver los asuntos que le correspondan. La asignación de casos se realiza de forma objetiva y no puede ser modificada ni por jueces ni por ciudadanos.
2. Limitaciones y prohibiciones a los jueces
Existe una convicción general en la sociedad y en el ámbito político de que el juez debe ser completamente neutral, sin vínculos con el caso a resolver y sin manifestar públicamente posturas ideológicas o políticas, ni participar en actividades políticas. Esta idea, propia del modelo jurídico europeo-continental, ha llevado a establecer límites legales al ejercicio de ciertos derechos por parte de los jueces con el fin de proteger su independencia e imparcialidad.
El art. 127 CE establece que la ley regulará las prohibiciones e incompatibilidades de los jueces para garantizar su total independencia. Sin embargo, la CE ya contiene algunas prohibiciones: los jueces y magistrados en activo no pueden ejercer otros cargos públicos, pertenecer a partidos o sindicatos (art. 127 CE), ni pueden ser diputados o senadores (art. 70 CE). A pesar de esto, se permite a jueces y magistrados formar parte de asociaciones profesionales y acceder temporalmente a la política. Si un juez se presenta a unas elecciones y resulta elegido, pasa a la situación de excedencia voluntaria. Tras dejar el cargo político o participar en la campaña electoral, puede solicitar su reincorporación a la carrera judicial. Esta posibilidad, aunque legal, pone en tensión el ideal de neutralidad judicial que se pretende preservar.
El art. 395 LOPJ establece medidas para mantener al juez alejado de la política: en activo no pueden pertenecer a partidos ni sindicatos, ni ocupar cargos al servicio de estos. No pueden hacer alabanzas o críticas a actos de poderes o autoridades públicas, o participar en manifestaciones o reuniones públicas no judiciales, salvo si se trata de un acto oficial con el Rey o convocado por el CGPJ. Además, para garantizar la imparcialidad, los jueces no pueden revelar hechos o datos confidenciales de los casos que están resolviendo ni ser desconsiderados con las partes involucradas en un proceso. Fuera de estas restricciones, gozan de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Sin embargo, ha habido dudas sobre el ejercicio de ciertos derechos, como el derecho de huelga. No existe un reconocimiento explícito para los jueces; no obstante, en ocasiones, como en la huelga de 2018, han participado en convocatorias de asociaciones judiciales, aplicándose el descuento proporcional de su salario.
3. Inamovilidad de los jueces
La inamovilidad es una medida para garantizar la independencia del juez frente al poder ejecutivo (art. 117.2 CE). Este principio asegura que los jueces y magistrados no pueden ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, salvo por las causas y garantías previstas en la ley. La LOPJ regula las situaciones de separación, rehabilitación, suspensión, jubilación e incapacidad de los jueces. Los jueces y magistrados ejercen su función de por vida hasta su jubilación, salvo que se dé un cese temporal o definitivo debido a las circunstancias establecidas por la ley.