Administración Pública y Estado de Derecho
El Estado de Derecho surge con la intención de los juristas europeos de principios del siglo XIX de sujetar el poder a la razón y el respeto de las personas como seres libres. Este modelo de Estado está vinculado a las aspiraciones ilustradas y los propósitos y consecuencias del rule of law – imperio de la Ley – anglosajón. La Administración en el Estado de Derecho debería, pues, ser limitada por normas para prevenir abusos y excesos que conculcasen libertades, sujeta a rendir cuentas y asumir responsabilidades por sus actos, garantizando para ello la tutela judicial.
Este es el concepto sustantivo de Estado de Derecho, pero la teoría jurídica ofrece varias interpretaciones:
- Formal, como mera estructura de organización del Derecho racionalmente.
- Material, creyendo que esta estructura debe integrar libertades y derechos fundamentales para que haya Estado de Derecho.
Según el criterio material – el más comúnmente empleado – no serían estados de Derecho los que realizasen torturas, crímenes de guerra, etc.
Los principales elementos del Estado de Derecho, pues serían – incluidos en la propia Constitución – seguridad jurídica, control del poder, protección de los derechos y exigencia de responsabilidades. El control judicial y la responsabilidad – patrimonial y personal – son indispensables en este arquetipo de la Administración Pública. De ahí la necesidad de interdicción de la arbitrariedad, que exige la motivación de los actos, transparencia y respeto al principio de proporcionalidad.
La seguridad jurídica exige que las personas sepan a priori lo permitido y lo prohibido, así como las consecuencias jurídicas de sus actos. En el Derecho público – que incluye al administrativo – esta seguridad se manifiesta en la previsibilidad de las intervenciones del poder, lo que pueda o no hacer debe estar previsto en las leyes. En aquellos países en que las personas no pueden predecir las actuaciones gubernamentales se desincentiva el esfuerzo al permitirse que los derechos de propiedad o libertades se anulen sin reclamación posible. De ahí la vinculación entre Estado de Derecho y progreso socioeconómico.
Muchos componentes de este modelo de Estado son instituciones administrativas: la división de poderes depende del alcance del control judicial del Ejecutivo; la seguridad jurídica y la responsabilidad de los poderes públicos requiere un régimen de rendición de cuentas, etc.
Administración Pública y Estado democrático
El consenso actual en torno a la definición de democracia contiene dos elementos básicos: la representatividad gubernamental y la participación de los ciudadanos en lo público. La legitimidad se basa en los procesos electorales, pero luego los programas se han de aplicar teniendo en cuenta los intereses de las personas afectadas. Además de esto, son necesarias otras condiciones para la calidad de una democracia: libertades públicas – de prensa, reunión, asociación… -, frenos y contrapesos – independencia judicial y órganos externos de control – y rendición de cuentas de los políticos – control de sus decisiones y responsabilidad por las mismas.
El componente participativo de la democracia repercute también en la actividad de la Administración. La elección de los representantes en distintos niveles dota a la dirección de la Administración de una legitimidad mayor, trasladando las propuestas de los programas políticos a las principales líneas de actuación, gracias a los medios ofrecidos por el aparato administrativo.
La dirección gubernamental de la Administración deja márgenes de discrecionalidad y un ejercicio compartido de la potestad organizativa basada en los fines prioritarios. Cuanto más próxima esté el poder a los votantes, mayor es su influencia en la dirección política de la Administración, especialmente a nivel local. Esta participación no se limita a la representación electoral, sino también a formas orgánicas de control y capacidad de intervención ciudadana en la toma de decisión administrativa, sobre todo las que más directamente las afecte.
Por tanto, se crean órganos colegiados participativos en ámbitos como la educación pública, el diseño de las políticas ambientales o la fijación de las prioridades de gasto; todo ello ayudando a corregir los sesgos burocráticos de la Administración o su utilización para intereses particulares. Esta participación se extiende desde la universidad hasta los gobiernos autónomos o los municipios, siendo Internet un eficiente medio para facilitar las interacciones de la ciudadanía con las instituciones administrativas.