Derecho de acceso a la información pública

Reconocido en la Ley 19/2013 y el art. 13 LPAC, es un derecho subjetivo real. Lo puede ejercer cualquier persona sin acreditar interés ni motivar la solicitud, lo que lo aproxima a una lógica de transparencia institucional más que al régimen procedimental clásico.

Su objeto es amplio: cualquier documento, dato, informe o expediente en poder de la Administración. No es absoluto: cede ante límites tasados (seguridad nacional, datos personales, secreto profesional…), que deben aplicarse de forma justificada y proporcionada, sin autorizar la denegación automática. Cabe distinguir denegación (existe un límite legal) de inadmisión (la solicitud no puede prosperar por razones previas). El plazo de resolución es un mes prorrogable, y como garantía específica existe la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Derecho a participar en las funciones administrativas

Fundado en los arts. 9.2 y 105.b) CE, refleja la transformación de la Administración en una organización abierta a la intervención ciudadana. Es un derecho de configuración legal: su alcance depende de los cauces que el ordenamiento habilite. Cumple funciones democráticas, funcionales y garantistas.

Sus manifestaciones principales son la audiencia e información pública en la elaboración de reglamentos, la participación en procedimientos urbanísticos y medioambientales, la intervención a través de organizaciones representativas y la participación consultiva en servicios públicos. El principio esencial es que participar no equivale a decidir: la Administración valora las alegaciones, pero la decisión final siempre le corresponde a ella.

Derecho a los servicios públicos

Vinculado al Estado social de Derecho, parte de que el ciudadano no puede satisfacer por sí solo necesidades esenciales. Coexisten dos modelos:

• Tradicional: (sanidad, educación, justicia), donde la Administración presta directamente.
• Liberalizado: (telecomunicaciones, energía), donde regula y supervisa operadores privados bajo obligaciones de servicio universal.

El ciudadano tiene derecho a exigir la creación de servicios legalmente obligatorios (arts. 26 y 18.1.g) LBRL), a usarlos en condiciones de igualdad y calidad, y a recurrir judicialmente la inactividad administrativa mediante sentencias condenatorias (LJCA 1998). La limitación práctica clave es que cuando la ley solo habilita sin obligar, el ciudadano queda en indefensión material. Para que los derechos sociales del art. 53.3 CE sean realmente exigibles, es imprescindible su desarrollo legislativo con obligaciones concretas.

Situaciones jurídicas del administrado

El administrado puede estar en situaciones activas (amplían su esfera jurídica) o pasivas (la limitan). Entre medias están los poderes-deberes (facultades unidas a un deber público) y las cargas (comportamientos necesarios para ejercer un derecho, sin sanción por incumplimiento).

Situaciones activas (en orden decreciente de protección)

• Potestades: poderes frente a terceros indeterminados, como la acción judicial.
• Derechos subjetivos: exigen comportamientos concretos, con protección máxima: justiprecio y responsabilidad patrimonial.
• Intereses legítimos: menos individualizados pero protegidos, permiten intervenir en procedimientos y recurrir.
• Intereses simples: mero interés cívico sin legitimación para recurrir, salvo excepciones como la acción popular.

Situaciones pasivas

Comprenden los deberes (derivados del ordenamiento), las obligaciones (contrapartida concreta de un derecho en una relación jurídica), las cargas (comportamiento necesario para ejercer un derecho propio) y la sujeción (posición pasiva general frente al ejercicio legítimo de potestades, como cumplir una multa).

Bases constitucionales de la Administración pública

La CE configura la posición de la Administración a través de cuatro preceptos esenciales:

• Art. 97 CE: distingue Gobierno y Administración como realidades jurídicas distintas.
• Art. 103 CE: núcleo del régimen constitucional; la Administración sirve con objetividad los intereses generales, actúa con eficacia, jerarquía, descentralización y coordinación, y se somete plenamente a la ley y al Derecho.
• Art. 105 CE: reserva a la ley la regulación del procedimiento administrativo y reconoce el derecho de audiencia ciudadana.
• Art. 106 CE: garantiza el control judicial pleno de toda actuación administrativa, sin espacios exentos.

Pluralidad de Administraciones públicas y su reconocimiento normativo

No existe una sola Administración, sino una pluralidad de ellas, cada una con personalidad jurídica única (art. 3.4 LRJSP). El art. 2 LPAC las enumera: Administración del Estado, CC.AA., Entidades locales, Entidades institucionales, Corporaciones de Derecho público y Universidades públicas. No todas se someten con igual intensidad a la LPAC: el concepto estricto de Administración pública a efectos procedimentales comprende solo las tres primeras y las entidades de Derecho público dependientes de ellas.

Cada tipo tiene reconocimiento normativo específico: la Administración del Estado emerge de la soberanía popular (art. 1.2 CE); las CC.AA. encuentran su autonomía en el art. 137 CE y sus Estatutos; y las Entidades locales se enumeran en el art. 3 LBRL. Estado y CC.AA. constituyen los dos órdenes políticos superiores, relacionándose por el principio de competencia y resolviendo sus conflictos ante el Tribunal Constitucional.