Definición y ámbito del Derecho Mercantil

El Derecho Mercantil es una rama del derecho privado que regula la actividad económica organizada desarrollada profesionalmente en el mercado. Tradicionalmente se ha definido como el conjunto de normas jurídicas aplicables a los empresarios y a los actos realizados en el ejercicio de su actividad económica, así como a las relaciones jurídicas que se derivan de dicha actividad.

Desde un punto de vista sistemático, el Derecho Mercantil se integra dentro del derecho privado, junto al derecho civil. No obstante, la distinción entre derecho público y derecho privado no es absoluta, ya que en el ámbito mercantil existe una creciente intervención del Estado en la economía, fenómeno conocido como la publificación del derecho, al mismo tiempo que técnicas propias del derecho privado influyen en el derecho público.

Evolución histórica

La evolución histórica del Derecho Mercantil permite comprender su configuración actual. En la Baja Edad Media surgió como un derecho consuetudinario, creado por y para los mercaderes, vinculado a las ferias, mercados y gremios, y aplicado por jurisdicciones especiales como los consulados. En esta etapa, el Derecho Mercantil era un derecho de sujetos, es decir, aplicable exclusivamente a los comerciantes.

Durante la Edad Moderna, con el fortalecimiento de las monarquías absolutas y el mercantilismo, el Derecho Mercantil se generalizó y se convirtió progresivamente en un derecho legislado, superando su carácter puramente consuetudinario. En la Edad Contemporánea, especialmente tras la Revolución francesa, se abandonó el criterio subjetivo y se adoptó un criterio objetivo, pasando a concebirse el Derecho Mercantil como el derecho de las actividades comerciales, concepción reflejada en el Código de Comercio español de 1885.

A lo largo del siglo XX, el Derecho Mercantil evolucionó desde un derecho de los actos de comercio en masa hacia un derecho de la empresa. Sin embargo, esta identificación resulta insuficiente, ya que no todo lo que ocurre en la empresa se regula por normas mercantiles ni todas las organizaciones empresariales están sometidas a este derecho. En la actualidad, el Derecho Mercantil se concibe como el derecho del mercado, orientado a regular el funcionamiento del sistema económico en su conjunto.

Fuentes del Derecho Mercantil

Las fuentes del Derecho Mercantil son los instrumentos de los que emanan las normas que regulan la actividad mercantil. El sistema general de fuentes se recoge en el artículo 1 del Código Civil, que establece como fuentes formales la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.

En el ámbito mercantil, el artículo 2 del Código de Comercio establece un orden específico de fuentes. En primer lugar rige la ley mercantil; en segundo lugar, los usos o costumbres mercantiles; y, en defecto de ambos, el derecho común o civil. Esto implica que el Derecho Mercantil, como derecho especial, prevalece sobre el derecho civil en las materias mercantiles, salvo en lo relativo a principios generales o cuando la ley mercantil remite expresamente al derecho civil.

La ley mercantil debe entenderse en sentido amplio, incluyendo cualquier norma escrita emanada de los poderes públicos que regule materia mercantil. En este sentido, la Constitución Española constituye una fuente esencial del Derecho Mercantil a través de la llamada constitución económica, que reconoce principios como la libertad de empresa, la propiedad privada, la protección de los consumidores y la unidad de mercado.

Especial relevancia tiene el Derecho Mercantil europeo, derivado de la pertenencia de España a la Unión Europea. El Derecho originario está formado por los Tratados, mientras que el Derecho derivado se manifiesta a través de reglamentos, de aplicación directa, y directivas, que requieren transposición al ordenamiento interno.

Junto a la ley, los usos mercantiles han desempeñado históricamente un papel relevante, aunque hoy su importancia es residual, salvo en el comercio internacional. Finalmente, la jurisprudencia no constituye una fuente formal del Derecho Mercantil, pero cumple una función complementaria e interpretativa. También adquieren relevancia los sistemas alternativos de resolución de conflictos, como el arbitraje y la mediación.

La empresa y su concepto jurídico

Desde el punto de vista económico, la empresa se concibe como una organización de factores de producción, capital y trabajo, destinada a la producción o intermediación de bienes y servicios para el mercado. Sin embargo, desde una perspectiva jurídica no existe un concepto unitario de empresa, sino una regulación fragmentada de sus distintos elementos.

Dimensiones de la empresa

La empresa presenta diversas dimensiones:

• Elemento subjetivo: el empresario.
• Elemento objetivo: el establecimiento mercantil.
• Elemento funcional: la actividad económica.
• Elemento institucional o social: los colaboradores.
• Elemento formal: el ordenamiento jurídico.

La actividad constitutiva de empresa se caracteriza por su organización, profesionalidad, carácter económico y orientación al mercado. Sobre esta base puede definirse jurídicamente la empresa como el ejercicio profesional de una actividad económica organizada con la finalidad de actuar en el mercado de bienes y servicios.

El empresario

El empresario es la persona física o jurídica que, por sí misma o por medio de representantes, ejerce una actividad empresarial y asume la titularidad de los derechos y obligaciones derivados de la misma. El Código de Comercio considera empresarios a quienes ejercen el comercio de forma habitual y a las sociedades mercantiles regularmente constituidas.

Los empresarios pueden clasificarse atendiendo a distintos criterios, como su estructura personal, su titularidad pública o privada, o su dimensión económica, distinguiéndose entre grandes empresas, medianas, pequeñas y microempresas.

El mercado y los operadores

El mercado es el ámbito en el que se desarrolla el tráfico económico, entendido como el conjunto de intercambios de bienes y servicios entre distintos sujetos. No constituye únicamente un espacio físico, sino una realidad económica y jurídica en la que interactúan diversos operadores. En este sentido, el mercado puede concebirse como una institución social que articula relaciones económicas privadas bajo un marco jurídico determinado.

Los operadores del mercado son todas las personas físicas o jurídicas que participan en dicho tráfico económico, tanto desde el lado de la oferta como desde el de la demanda. Entre ellos se incluyen los empresarios, los profesionales, los consumidores, las Administraciones públicas y determinadas entidades no empresariales. No todos los operadores actúan con ánimo de lucro ni con una organización empresarial, pero todos contribuyen al funcionamiento del mercado.

El empresario ocupa una posición central como principal oferente de bienes y servicios. El estatuto jurídico del empresario es el conjunto de normas que regulan su condición y el ejercicio de su actividad, así como las consecuencias jurídicas derivadas de la misma. Este estatuto abarca aspectos esenciales como la adquisición y pérdida de la condición de empresario, la capacidad, las prohibiciones e incompatibilidades, la responsabilidad, la publicidad registral, la contabilidad, el régimen del establecimiento mercantil y los colaboradores.

Entre estos elementos destaca la responsabilidad del empresario, que se fundamenta en el principio de responsabilidad patrimonial universal y en la idea de que el riesgo es inherente a la actividad empresarial. En particular, el empresario responde no solo por sus propios actos, sino también por los daños causados por sus trabajadores y dependientes en el ejercicio de sus funciones, conforme al artículo 1903 del Código Civil. Esta responsabilidad refleja la concepción moderna del empresario como sujeto que organiza una actividad económica y asume los riesgos derivados de su actuación en el mercado.

Publicidad registral y Registro Mercantil

La publicidad registral es una forma de publicidad legal u oficial impuesta por el ordenamiento jurídico con el objetivo de garantizar la seguridad del tráfico mercantil. Frente a la publicidad comercial, que es voluntaria y persigue fines económicos, la publicidad registral responde a un interés general: permitir que terceros conozcan con fiabilidad determinadas situaciones jurídicas relevantes de los empresarios.

El instrumento fundamental de la publicidad registral en el ámbito mercantil es el Registro Mercantil, una institución administrativa cuya función principal es dar publicidad oficial a los actos y situaciones jurídicas de los empresarios que la ley considera relevantes para el tráfico económico. El Registro Mercantil permite así que los terceros puedan confiar en la información que contiene.

El sistema registral mercantil se organiza en Registros Mercantiles territoriales, que son los encargados de practicar las inscripciones, y un Registro Mercantil Central, que centraliza la información procedente de los registros territoriales, publica el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) y certifica las denominaciones sociales.

La eficacia del Registro Mercantil se basa en una serie de principios registrales. Entre ellos destacan:

• El principio de legalidad, conforme al cual el registrador califica la legalidad de los actos que se pretenden inscribir.
• El principio de publicidad formal, que permite a cualquier persona acceder al contenido del registro.
• El principio de publicidad material, que atribuye efectos jurídicos frente a terceros a lo inscrito.
• Los principios de legitimación registral, tracto sucesivo y prioridad.

La inscripción en el Registro Mercantil puede tener efectos declarativos, cuando el acto existe aunque no se inscriba, o constitutivos, cuando la inscripción es necesaria para la existencia del acto, como sucede en la constitución de sociedades mercantiles.

Contabilidad y auditoría

La contabilidad del empresario constituye una obligación legal básica derivada del ejercicio de la actividad empresarial. El artículo 25 del Código de Comercio impone a los empresarios el deber de llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad, que permita un seguimiento cronológico de las operaciones y la elaboración periódica de las cuentas anuales.

Este deber de contabilidad se justifica por la necesidad de proporcionar información fiable no solo al propio empresario, sino también a los socios, acreedores, trabajadores y a la Administración pública, especialmente a efectos fiscales. La contabilidad cumple así una función económica, jurídica y social.

El contenido del deber de contabilidad presenta una doble dimensión:

• Contabilidad formal: regula los aspectos externos de la contabilidad, como los libros obligatorios, su llevanza, legalización, conservación, comunicación y valor probatorio. Entre los libros obligatorios destacan el Libro Diario y el Libro de Inventarios y Cuentas Anuales, a los que se añaden, en el caso de empresarios societarios, otros libros específicos.
• Contabilidad material: se refiere a los criterios de valoración y a los principios contables que deben respetarse para que las cuentas reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. Estos principios incluyen la prudencia, el devengo, la uniformidad y el predominio del fondo sobre la forma.

La verificación contable se realiza a través de la auditoría de cuentas, que consiste en la revisión independiente de las cuentas anuales con el fin de emitir un informe sobre su fiabilidad. La auditoría puede ser voluntaria u obligatoria y desempeña una función esencial de transparencia y confianza en el mercado. Los auditores están sujetos a un régimen estricto de responsabilidad administrativa, civil y penal.

El establecimiento mercantil

El establecimiento mercantil es el elemento objetivo de la empresa, es decir, el conjunto de medios a través de los cuales el empresario desarrolla su actividad económica. Se define como el conjunto de bienes y servicios organizados por el empresario con la finalidad de actuar en el mercado. Incluye tanto elementos materiales, como instalaciones y mercancías, como elementos inmateriales, entre los que destacan la clientela, el fondo de comercio y el know-how.

El establecimiento mercantil puede adoptar diversas formas. Existe un establecimiento principal, que suele coincidir con el centro de la actividad empresarial, y establecimientos secundarios, entre los que destacan las sucursales. La sucursal es un establecimiento secundario dotado de autonomía de gestión y representación permanente, capaz de desarrollar la actividad propia del objeto social de la empresa principal.

No existe un régimen jurídico unitario del establecimiento mercantil, sino una regulación dispersa en normas mercantiles, civiles, administrativas y laborales. Esta dispersión normativa refleja la complejidad del establecimiento como realidad económica y jurídica.

El establecimiento mercantil puede ser objeto de transmisión, tanto mortis causa como inter vivos. La transmisión inter vivos puede realizarse mediante compraventa, arrendamiento o aportación a una sociedad. En todos estos casos, el establecimiento se transmite normalmente en bloque, como unidad económica, lo que plantea importantes cuestiones relativas a la transmisión de contratos, deudas y relaciones jurídicas vinculadas al negocio.

Colaboradores del empresario

Los colaboradores del empresario son las personas que cooperan en el desarrollo de la actividad empresarial, permitiendo que el empresario actúe en el mercado de forma directa o indirecta. La colaboración puede adoptar distintas formas jurídicas, lo que da lugar a una clasificación fundamental entre colaboradores subordinados y colaboradores independientes.

Los colaboradores subordinados mantienen una doble vinculación con el empresario: una relación laboral y una relación de representación o apoderamiento. Dentro de este grupo destaca el factor o gerente, que es el apoderado general del empresario para todo lo relativo al giro o tráfico de la empresa. El factor ocupa una posición cercana a la del propio empresario y sus actos vinculan directamente a este frente a terceros.

Junto al factor existen otros apoderados singulares, como el dependiente, el mancebo y el representante de comercio, cuyas facultades son más limitadas y se circunscriben a determinadas operaciones o ámbitos de la actividad empresarial. A pesar de estas limitaciones, los actos realizados dentro de sus funciones vinculan al empresario.

Los colaboradores independientes, por su parte, actúan de forma autónoma y profesional, sin relación laboral ni subordinación. Entre ellos se encuentran los comisionistas y los agentes comerciales. Aunque no forman parte de la organización interna de la empresa, desempeñan un papel esencial en la expansión y funcionamiento de la actividad empresarial.

Protección del consumidor

La protección del consumidor constituye una de las manifestaciones más claras de la intervención del derecho en el mercado con fines de corrección de desigualdades. El consumidor es considerado la parte débil de la relación de consumo, debido a su inferioridad informativa, económica y contractual frente al empresario.

El consumidor se define legalmente como la persona física que actúa con un propósito ajeno a su actividad empresarial o profesional y, en determinados casos, como la persona jurídica que actúa sin ánimo de lucro fuera de un ámbito empresarial. El elemento esencial del concepto de consumidor es su condición de destinatario final de bienes o servicios.

Los derechos básicos del consumidor incluyen:

• La protección de su salud y seguridad.
• La defensa de sus intereses económicos.
• El derecho a una información veraz y suficiente.
• El derecho a la indemnización de daños y perjuicios.
• El acceso a procedimientos eficaces de protección.

Estos derechos tienen carácter irrenunciable.

La normativa de consumo regula de forma detallada los contratos con consumidores, imponiendo deberes reforzados de información y transparencia al empresario y reconociendo derechos específicos como el derecho de desistimiento. Asimismo, se presta especial atención a las condiciones generales de la contratación y a las cláusulas abusivas, que pueden ser declaradas nulas cuando generan un desequilibrio en perjuicio del consumidor.

Finalmente, el derecho de consumo establece un régimen específico de garantías y de responsabilidad por productos y servicios defectuosos, basado en gran medida en la responsabilidad objetiva, con el fin de asegurar una protección eficaz de los consumidores frente a los riesgos derivados del mercado.