Principios Generales del Derecho: Fundamento y Aplicación
Los principios generales del Derecho han sido tradicionalmente una fuente jurídica reconocida, especialmente durante la época del ius commune, en la que el Derecho era esencialmente doctrinal. En ese contexto, las universidades recurrieron con frecuencia a principios derivados del Derecho romano (a través de glosadores y comentaristas) y del Derecho canónico. Durante este periodo, no existía controversia en cuanto a su valor como fuente del Derecho.
Impacto de la Codificación y los Dogmas Jurídicos
Sin embargo, la codificación del Derecho, iniciada a finales del siglo XVIII e inspirada por el positivismo jurídico, cambió esta concepción. Bajo este paradigma, solo la ley escrita tiene valor como fuente, lo que derivó en ciertas tensiones respecto al uso de principios generales. En particular, la codificación impuso tres dogmas fundamentales:
- Dogma de la codificación: Obliga al juez a resolver todo caso conforme a la ley, sin posibilidad de abstenerse.
- Dogma de la legalidad: Impide al juez aplicar fuentes distintas de la ley escrita.
- Dogma de la completitud del ordenamiento jurídico: Establece que el ordenamiento contiene, de forma explícita o implícita, una solución jurídica para cualquier conflicto.
Funciones Esenciales de los Principios Generales
En este marco, los principios generales del Derecho juegan un papel esencial como herramienta para cubrir vacíos legales. Estos principios pueden derivarse inductivamente del propio ordenamiento, aunque no siempre estén expresamente recogidos en la ley. Son, por tanto, normas generales que reflejan valores y directrices fundamentales del sistema jurídico. Ejemplos de estos principios son el de la buena fe o el de no ir contra los actos propios.
Estos principios cumplen una doble función:
- Función integradora: Suplen la ausencia de ley o costumbre.
- Función interpretativa: Orientan la correcta comprensión y aplicación de las normas legales.
La Equidad en el Derecho: Justicia del Caso Concreto
La equidad está estrechamente relacionada con el poder judicial, los jueces y la jurisprudencia, ya que son los jueces quienes deben aplicarla. Se entiende como la justicia del caso concreto, es decir, decidir conforme a equidad significa que el juez puede resolver un asunto basándose en su sentido de justicia en función de las circunstancias particulares del caso.
En los ordenamientos jurídicos, la equidad rara vez se menciona de forma expresa. Sin embargo, el Código Civil suizo constituye una excepción: en él se establece que, en ausencia de ley o costumbre aplicable, el juez puede decidir un caso según las normas que él mismo dictaría si fuera legislador, buscando así una solución justa y razonable para la situación planteada.
La Jurisprudencia: Concepto y Eficacia en Sistemas Romano-Germánicos
La jurisprudencia no se considera, en términos generales, una fuente inmediata del Derecho en los países pertenecientes a la familia romano-germánica. Desde un punto de vista formal, ningún ordenamiento jurídico de esta tradición le atribuye dicho valor. A veces se afirma que la jurisprudencia es fuente del Derecho, pero esto solo puede entenderse en un sentido secundario y, concretamente, en relación con la equidad que los jueces aplican, como ocurre en el Código Civil suizo. Aun así, esto no equivale a reconocerle un carácter vinculante como fuente normativa.
Definición de Jurisprudencia
Es importante precisar qué entendemos por jurisprudencia. En este contexto, nos referimos a las decisiones que emiten los tribunales al resolver casos concretos. Sin embargo, el término también tiene un significado histórico: en el Derecho romano, la iurisprudentia se refería a la ciencia del Derecho, es decir, al saber jurídico elaborado por los juristas.
Eficacia de la Jurisprudencia en la Actualidad
En la actualidad, en los países de tradición romano-germánica, la regla general es que la jurisprudencia no tiene eficacia vinculante, es decir, las decisiones judiciales no obligan a otros jueces a seguirlas. Solo tienen eficacia persuasiva, lo que significa que un tribunal puede tener en cuenta lo resuelto en un caso anterior similar, pero no está obligado a hacerlo. Por tanto, las sentencias no tienen efectos erga omnes (frente a todos), como sí ocurre con las normas legales.
Excepciones a la Eficacia No Vinculante
No obstante, existen excepciones:
- Por un lado, algunos países reconocen como fuente secundaria del Derecho lo que se conoce como doctrina legal, es decir, las sentencias reiteradas de los tribunales que, por su constancia y uniformidad, adquieren fuerza vinculante.
- Por otro lado, también hay excepciones relacionadas con determinadas materias, como el ámbito constitucional. En este último caso, cuando un juez ordinario considera que una ley es inconstitucional y decide no aplicarla, su decisión no tiene efectos generales. En cambio, si es el Tribunal Constitucional quien declara la inconstitucionalidad de una ley, dicha ley queda derogada y se restablece la situación jurídica anterior, siendo esta decisión plenamente vinculante y con efectos erga omnes.