Procedimientos Tributarios: Recargos por Impago, Inspección y Sanciones Fiscales

Recargos Tributarios por Impago: Ejecutivo, Reducido y Ordinario

Recargo Ejecutivo (5%): Pago Antes de la Providencia de Apremio

El recargo ejecutivo es un instrumento previsto en la Ley General Tributaria para incentivar el pago inmediato de deudas una vez iniciado el período ejecutivo, pero antes de que se notifique la providencia de apremio. Consiste en un recargo del 5% sobre el importe de la deuda, sin devengo de intereses de demora ni imposición de sanciones. Si el contribuyente paga íntegramente en ese momento, se evita la aplicación del procedimiento de apremio y sus consecuencias.

Una vez notificada la providencia de apremio, el recargo ejecutivo deja de ser aplicable y se sustituye por el recargo de apremio reducido, fijado en un 10% del importe de la deuda. Este recargo debe ser abonado junto con la deuda dentro del plazo establecido en el artículo 62.5 de la LGT, que varía en función de la fecha de notificación:

Si se notifica entre los días 1 y 15 del mes, el plazo de pago es hasta el día 20 del mismo mes.
Si se notifica entre el 16 y el último día del mes, el plazo es hasta el día 5 del mes siguiente.

Si el último día del plazo es inhábil, se traslada al siguiente día hábil. El recargo de apremio reducido es incompatible con la exigencia de intereses de demora para el período correspondiente, pero no excluye la posibilidad de que se impongan sanciones si el incumplimiento del contribuyente constituye una infracción tributaria.

Recargo de Apremio Reducido (10%): Pago Antes del Embargo

El recargo de apremio reducido, del 10%, se aplica cuando el contribuyente abona la deuda tributaria dentro del plazo establecido en la providencia de apremio, conforme al artículo 62.5 de la LGT. Su finalidad es fomentar el pago rápido al inicio del procedimiento de apremio, ofreciendo una penalización moderada y excluyendo el devengo de intereses de demora. No obstante, la aplicación de este recargo no impide que puedan imponerse sanciones si ha existido una infracción tributaria.

Si el contribuyente no realiza el pago dentro del plazo señalado en la providencia de apremio, se aplicará el recargo de apremio ordinario, que asciende al 20% del importe de la deuda. Este recargo lleva aparejados intereses de demora, que se calculan desde el día siguiente al inicio del período ejecutivo, es decir, desde que expiró el plazo del período voluntario. Además del recargo ordinario e intereses de demora, el contribuyente también puede ser responsable de sanciones tributarias derivadas de la infracción cometida, así como de las costas del procedimiento de apremio, que incluyen los gastos necesarios para llevar a cabo la ejecución forzosa de la deuda.

Recargo de Apremio Ordinario (20%): Consecuencias del Impago

Cuando el contribuyente no paga su deuda, se aplica el recargo de apremio ordinario, que es del 20% del importe de la deuda. Este recargo incluye intereses de demora, que se calculan desde el día siguiente al fin del período voluntario de pago y se acumulan hasta que se paga la deuda. Además del recargo y los intereses, el contribuyente deberá asumir posibles sanciones por infracciones tributarias y las costas del procedimiento de apremio, que corresponden a los gastos derivados de la ejecución forzosa. Este recargo actúa como una medida coercitiva más severa para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

La Inspección Tributaria: Funciones, Facultades y Derechos

Facultades de la Inspección Tributaria

Sus facultades incluyen:

El examen de documentación.
El acceso a locales de actividad económica.
La solicitud de información al obligado tributario o a terceros.

El contribuyente tiene el deber de colaborar, y su negativa puede ser sancionada. Durante estas actuaciones, el obligado tributario cuenta con derechos y garantías esenciales para asegurar un procedimiento justo. Entre ellos están:

El derecho a ser informado del alcance de la inspección.
A utilizar las lenguas oficiales de su comunidad autónoma.
A conocer la identidad de los funcionarios actuantes.
A acceder a copias de documentos.
A no aportar aquellos que ya estén en poder de la Administración.

Documentación en la Inspección Tributaria (Artículo 143 LGT)

Las actuaciones inspectoras se documentan conforme al artículo 143 de la LGT mediante cuatro tipos de documentos:

Comunicaciones: para relacionarse con el obligado tributario o terceros.
Diligencias: que recogen hechos y manifestaciones relevantes del procedimiento.
Actas: donde se refleja el resultado de la comprobación e investigación y que constituyen prueba de los hechos, salvo prueba en contrario.
Informes: que analizan jurídicamente los hechos detectados.

Además, la liquidación tributaria suele ser el acto resolutorio final del procedimiento, fijando la situación fiscal del contribuyente.

El Procedimiento Inspector: Fases, Plazos y Conclusión

La Inspección Tributaria tiene como función principal verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales mediante tareas de investigación, comprobación y liquidación, además de asesorar tanto a los contribuyentes como a la Administración. Su objetivo es garantizar que las declaraciones reflejen la realidad económica del contribuyente y corregir desviaciones. Entre sus facultades están el examen de documentación, el acceso a locales de actividad económica y la solicitud de información al propio obligado o a terceros. El contribuyente está obligado a colaborar, y su resistencia puede conllevar sanciones.

Derechos del Contribuyente en el Procedimiento Inspector

Durante las actuaciones, el obligado tributario cuenta con derechos y garantías para asegurar un procedimiento justo:

Ser informado del alcance de la inspección.
Usar las lenguas oficiales de su comunidad autónoma.
Conocer la identidad de los funcionarios actuantes.
Acceder a copias de documentos.
No aportar los que ya tenga la Administración.
Ser tratado con respeto.
Registrar sus manifestaciones en diligencias.
Conocer el estado del procedimiento.
Presentar alegaciones en el trámite de audiencia.

Documentación y Tipos de Actas en el Procedimiento Inspector

Las actuaciones se documentan conforme al artículo 143 de la LGT mediante:

Comunicaciones: para relacionarse con el obligado tributario o terceros.
Diligencias: que recogen hechos y manifestaciones.
Actas: que reflejan los resultados de la inspección y pueden ser de conformidad o disconformidad.
Informes: que analizan jurídicamente los hechos detectados.

Además, se emite una liquidación tributaria, que suele cerrar el procedimiento y regulariza la situación fiscal del contribuyente.

Inicio y Alcance del Procedimiento Inspector

El procedimiento inspector se inicia normalmente de oficio, mediante notificación al obligado para que se presente con documentación en el lugar y fecha indicados. También puede iniciarse con la presencia de la inspección en los locales del contribuyente, sin aviso previo. Al inicio, debe informarse al obligado sobre la naturaleza y alcance de las actuaciones, y estas pueden ser:

Generales: afectan a todos los elementos de la obligación, dando lugar a liquidaciones definitivas.
Parciales: solo a algunos elementos, dando lugar a liquidaciones provisionales.

El obligado puede solicitar en 15 días que unas actuaciones parciales se amplíen a generales; si no se responde, no se interrumpe la prescripción para el resto del tributo o período.

Desarrollo y Formalización de Actas

El procedimiento se desarrolla con la práctica de las actuaciones y finaliza con la formalización de las actas. Estas pueden ser:

De conformidad: si el obligado acepta la propuesta. Si no hay actuación en el plazo de un mes desde la firma del acta de conformidad, esta se convierte en liquidación definitiva por acto presunto.
De disconformidad: si el obligado no acepta la propuesta, en cuyo caso se requiere un informe ampliatorio y se abre un plazo para alegaciones.
Con acuerdo: en casos complejos, que implican beneficios para ambas partes, como reducción de sanción para el obligado y simplificación del procedimiento. Requieren autorización del Inspector-Jefe y garantía de pago de la deuda.

Duración y Conclusión del Procedimiento Inspector

La duración del procedimiento está regulada por la Ley 34/2015 y es de 18 meses, ampliables a 27 en casos especiales, como empresas con alto volumen de negocios o integradas en grupos de consolidación fiscal. Si se exceden estos plazos, el procedimiento no caduca, pero:

La prescripción no se interrumpe por el tiempo adicional.
Los ingresos realizados en ese período se consideran espontáneos (aplican recargo, pero no sanción).
No se generan intereses de demora.

Finalmente, el procedimiento concluye normalmente con una liquidación emitida por el Inspector-Jefe, que incluye los intereses de demora acumulados hasta ese momento. Alternativamente, puede finalizar con un acuerdo del órgano competente que declare:

La prescripción del derecho a liquidar.
La no sujeción del contribuyente.
La improcedencia de levantar acta por otros motivos.

Es importante destacar que el procedimiento inspector no concluye por caducidad.

El Procedimiento Sancionador Tributario: Separación y Caducidad

El procedimiento sancionador en materia tributaria se rige por el principio de separación de procedimientos, lo que implica que la imposición de sanciones se tramita en un expediente distinto al de la regularización tributaria. No obstante, esta separación es más formal que real, ya que no suele haber una distinción clara entre los funcionarios que intervienen en cada procedimiento, y los datos obtenidos durante la regularización se utilizan también en el expediente sancionador, aunque deberían valorarse de forma independiente. Además, en algunos casos —como en actas con acuerdo, de conformidad, de disconformidad o procedimientos de gestión— puede renunciarse a esta separación.

Fases del Procedimiento Sancionador

El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio mediante un acuerdo de inicio que debe notificarse en un plazo máximo de tres meses desde la notificación de la liquidación correspondiente. Si este plazo se incumple, la Administración pierde la facultad de iniciar el procedimiento.

Tras la iniciación, se desarrolla la fase de instrucción, en la que se investigan los hechos y se recogen las pruebas necesarias, incluyendo las obtenidas en fases anteriores. Posteriormente, se formula una propuesta de resolución motivada que recoge los hechos, su calificación jurídica, la infracción, y la sanción que se propone, notificándose al interesado para que presente alegaciones en un plazo de 15 días.

El procedimiento concluye mediante resolución expresa, que debe dictarse en un plazo máximo de seis meses desde la notificación del acuerdo de inicio. Si transcurre este plazo sin resolución, el procedimiento caduca y no puede volver a iniciarse por los mismos hechos, garantizando así la seguridad jurídica del contribuyente.