1.1 La jurisdicción administrativa
I. Introducción y evolución histórica
1. ¿Qué es la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y para qué sirve?
Es el mecanismo legal que tenemos en España para controlar la actuación de las Administraciones Públicas. Sirve para garantizar dos cosas fundamentales:
- Que la Administración cumpla la ley (principio de legalidad).
- Que los ciudadanos tengan protegidos sus derechos individuales cuando interactúan con el Estado.
La razón de ser de este control es que las decisiones del Estado influyen muchísimo en la vida cotidiana de las personas, lo que crea un riesgo constante de que se vulneren sus derechos.
2. Modelos de control en el Derecho Comparado (Mundo)
En la historia y el mundo existen dos formas principales de controlar a la Administración, además de un sistema mixto:
- Modelo angloamericano (Rule of Law): El control lo ejercen los jueces y tribunales ordinarios (los mismos que juzgan a cualquier ciudadano).
- Modelo francés (Droit Administratif): El control lo ejercen órganos especializados que están dentro del propio Poder Ejecutivo (no son jueces independientes en el sentido tradicional).
- Modelo mixto (Alemania y España): El control lo ejercen jueces verdaderos y tribunales del Poder Judicial, pero especializados únicamente en Derecho Administrativo.
3. El origen del sistema francés
Nace durante la Revolución Francesa por una interpretación muy estricta de la separación de poderes de Montesquieu. Los revolucionarios no se fiaban de los jueces del Antiguo Régimen (Parlements) y prohibieron que los tribunales ordinarios se metieran en los asuntos del Gobierno/Poder Ejecutivo.
- Inicio: Se le encargó este control al Consejo de Estado francés (a nivel central) y a los Consejos de Prefectura (a nivel local).
- Evolución: En 1953 se crearon los Tribunales Administrativos de primera instancia. Más adelante (reformas de 1987 a 1990) se añadieron los Tribunales Regionales de Apelación, la posibilidad de pedir medidas cautelares y el reconocimiento pleno de las situaciones de los ciudadanos (jurisdicción subjetiva) y no solo el control de la ley (jurisdicción objetiva).
4. Evolución del sistema en España
- Constituciones de Cádiz (1812) y de 1869: Intentaron usar el modelo angloamericano de jueces ordinarios.
- Estatuto de Bayona (1808): Intentó traer el modelo francés puro, pero no llegó a aplicarse.
- Leyes de 1845: Adoptaron el modelo francés. El control pasó al Consejo Real (luego Consejo de Estado) y a los Consejos Provinciales.
- Ley Santamaría de Paredes (1888) y Ley Maura (1904): Crearon un sistema mixto donde un mismo órgano de justicia tenía tanto a jueces como a funcionarios de la Administración (primero en el Consejo de Estado y luego en el Tribunal Supremo).
- Ley de 1956 (Época de Franco): Dio el paso decisivo hacia la judicialización. El control pasó a verdaderos jueces y magistrados del Poder Judicial a través de procesos judiciales formales.
- Constitución de 1978 (Art. 106) y Ley vigente (Ley 29/1998 – LJCA): Confirmaron y desarrollaron plenamente este modelo judicializado.
II. Extensión y límites de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
Esta parte define qué asuntos puede juzgar este orden jurisdiccional y cuáles no.
A) Cláusula general (¿Qué abarca?)
Se encarga de juzgar las actuaciones de diversos órganos públicos:
- Poder Ejecutivo: Actos y reglamentos de las Administraciones sometidos al Derecho Administrativo, normas dictadas con rango inferior a la ley y Decretos Legislativos cuando el Gobierno se sobrepasa de la delegación que le dio el Parlamento.
- Poder Judicial: Los actos y reglamentos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las decisiones administrativas de los órganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales.
- Poder Legislativo y órganos dependientes: Las actuaciones sobre personal, administración y patrimonio sujetas a derecho público del Congreso, Senado, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Asambleas Autonómicas y sus equivalentes.
- Tribunal Constitucional: Sus actos en materia de personal, administración y gestión de su patrimonio.
- Administración Electoral: Según lo previsto en la Ley Electoral (LOREG).
B) Delimitación Positiva (Casos concretos que SÍ juzga)
- Contratos administrativos.
- Responsabilidad patrimonial de la Administración (cuando el Estado causa un daño y debe indemnizar).
- Actos y reglamentos de Colegios Profesionales y Corporaciones de Derecho Público dictados en ejercicio de funciones públicas.
- En servicios públicos con concesión: actos de los concesionarios si lo prevé la ley y los actos de control que hace la Administración sobre ellos.
- Actos del Gobierno de la Nación o de los Gobiernos Autonómicos en tres temas específicos: protección de derechos fundamentales, elementos reglados de sus actos y fijación de indemnizaciones.
- Cuestiones prejudiciales e incidentales (asuntos civiles o laborales estrechamente ligados al caso administrativo principal), salvo que sean temas constitucionales, penales o de tratados internacionales.
- Cualquier otra materia que una ley le atribuya expresamente.
C) Delimitación Negativa (Casos que NO juzga)
- Asuntos expresamente asignados a los tribunales Civiles, Penales o Sociales/Laborales.
- El recurso contencioso-disciplinario militar (va por la Jurisdicción Militar).
- La jurisdicción contable del Tribunal de Cuentas (salvo los recursos de casación y revisión que terminan en el Tribunal Supremo).
- Aclaración sobre la responsabilidad contable: Ocurre cuando alguien maneja dinero público e infringe normas presupuestarias, produciendo un