Prácticas o Conductas Colusorias

La regulación de las prácticas o conductas colusorias se fundamenta en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y en el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Ambos textos guardan una redacción idéntica en su prohibición de cualquier acuerdo, decisión, recomendación colectiva o práctica concertada que tenga por objeto o efecto restringir la competencia. Bajo este marco normativo, se consideran ilícitas conductas tales como la fijación de precios, la limitación de la producción y el reparto del mercado.

Requisitos para la Concurrencia de una Práctica Colusoria

Para que concurra una práctica colusoria, es indispensable el cumplimiento de tres requisitos:

1. Existencia de un Acuerdo entre Empresarios: Es indispensable la existencia de un acuerdo entre dos o más empresarios, entendido en un sentido amplio. Dentro de esta categoría destacan los cárteles, considerados la infracción más grave y núcleo de la política de clemencia.

El Cártel y su Definición Legal

La definición legal del cártel ha evolucionado desde la Ley 15/2007 hasta su armonización con la Directiva 2014/204 de la UE, de modo que actualmente se define como un acuerdo horizontal entre competidores para coordinar su comportamiento competitivo. Cabe precisar que, si bien suelen ser secretos, la legislación actual ya no exige el secreto como requisito legal. Asimismo, este concepto de acuerdo engloba tanto las prácticas conscientemente paralelas, basadas en la imitación deliberada entre competidores, como las decisiones o recomendaciones colectivas emanadas de asociaciones profesionales.

2. Objeto o Efecto de Limitación de la Competencia: El ordenamiento exige que el acuerdo tenga por objeto o efecto la limitación de la competencia, siendo suficiente con que la conducta sea potencialmente peligrosa, sin necesidad de que el perjuicio llegue a materializarse. Debido a la dificultad de probar estos pactos, que frecuentemente se mantienen en la clandestinidad, resulta habitual recurrir a pruebas indiciarias que demuestren que los resultados observados no habrían sido posibles sin un concierto previo.
3. Vinculación con el Mercado de Referencia: Resulta imperativo vincular la conducta con el denominado mercado de referencia, concepto jurídico que permite delimitar el ámbito de la infracción a través de dos vertientes: el mercado de productos, integrado por bienes intercambiables entre sí, y el mercado geográfico, que define el espacio territorial donde se proyecta la conducta prohibida.

El Programa de Clemencia en la LDC

El programa de clemencia, regulado en los artículos 64 y 65 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), se configura como un instrumento esencial de política criminal y administrativa cuyo fin es incentivar la delación de los cárteles por parte de sus integrantes. Este mecanismo, incorporado a nuestro ordenamiento en 2007 por influencia del Derecho de la Unión Europea, permite a las autoridades de competencia desarticular estas estructuras desde dentro, rompiendo la opacidad y la clandestinidad que las caracteriza mediante la creación de un clima de desconfianza entre los infractores.

No obstante, es fundamental precisar que los beneficios del programa se limitan exclusivamente al ámbito sancionador público, sin que ello exima a las empresas de la responsabilidad civil que pudiera derivarse frente a terceros perjudicados.

Modalidades del Programa de Clemencia

El programa se articula mediante dos modalidades diferenciadas:

1. Exención Total o Dispensa del Pago de la Multa (Artículo 65 LDC)

Esta modalidad supone la eliminación íntegra de la sanción pecuniaria y, de forma automática, la exoneración de la prohibición de contratar con el sector público. Para acceder a este beneficio, el solicitante debe ser el primero en aportar elementos de prueba que permitan a la CNMC bien iniciar una investigación, o bien constatar la infracción.

La concesión de la dispensa está sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos cumulativos de gran rigor:

• El solicitante debe cooperar plenamente durante todo el procedimiento.
• Debe cesar su actividad ilícita de inmediato.
• No haber destruido pruebas.
• Mantener el secreto de su solicitud.

Asimismo, se excluye de este beneficio a las empresas que hayan actuado como inductoras o hayan coaccionado a otros operadores para participar en el cártel.

2. Reducción del Importe de la Multa (Artículo 66 LDC)

Para aquellos sujetos que no cumplan los requisitos de la dispensa total por no ser los primeros en denunciar, el artículo 66 de la LDC contempla la reducción del importe de la multa. Este beneficio queda supeditado a que la empresa aporte pruebas que ofrezcan un valor añadido significativo respecto a la información que ya obre en poder de la autoridad. Al igual que en la dispensa, el solicitante debe cumplir estrictamente con los deberes de cooperación y cese de la conducta prohibida.

El legislador establece un sistema de prelación para fomentar la celeridad en la entrega de pruebas, limitando la reducción a los tres primeros solicitantes:

• El primero recibirá una reducción de entre el 30% y el 50%.
• El segundo, entre el 20% y el 30%.
• El tercero, una bonificación de hasta el 20% sobre la sanción que le hubiera correspondido originalmente.

Calificación de un Acto Desleal (Ley de Competencia Desleal – LCD)

El artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal (LCD) establece lo que conocemos como la cláusula general, la cual sirve para tipificar conductas que no encajan en los supuestos específicos de la ley. Es fundamental entender que este artículo se fragmenta en dos regímenes distintos: uno aplicable a las relaciones entre competidores y otro, mucho más exigente, para cuando interviene un consumidor.

Régimen entre Competidores (Artículo 4.1 LCD)

En el supuesto relativo a la conducta entre competidores, el artículo 4.1 establece que un acto es desleal cuando es objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe. Aquí, la buena fe no se refiere a la intención del autor, sino que es un concepto jurídico indeterminado que la jurisprudencia asocia a los «imperativos éticos» del mercado. Se trata, por tanto, de un ilícito de riesgo o peligro, ya que basta con que la conducta sea potencialmente apta para dañar, sin que sea necesario que el daño se produzca efectivamente ni que exista mala fe subjetiva por parte del empresario.

Régimen cuando Interviene un Consumidor

No obstante, la ley endurece los requisitos cuando el acto afecta a un consumidor, estableciendo un nivel de protección superior mediante dos exigencias adicionales:

1. Contrariedad a la Diligencia Profesional: La conducta debe ser contraria a la diligencia profesional, que el propio artículo define como el nivel de competencia y cuidados especiales que se esperan de un empresario según las prácticas honestas del mercado. Ya no nos movemos en la abstracción de la «buena fe», sino que se exige un estándar de comportamiento técnico y ético muy concreto.
2. Distorsión Significativa del Comportamiento Económico: Se requiere que la conducta distorsione de manera significativa (o pueda hacerlo) el comportamiento económico del destinatario. Con este matiz, el legislador busca dejar fuera de la ley aquellas prácticas que solo son molestias menores, exigiendo que el acto tenga la entidad suficiente para alterar la capacidad de elección del consumidor.

El Canon del Consumidor Medio

Para valorar esta distorsión, se utiliza el canon del «consumidor medio», un concepto acuñado por el TJUE que define a un individuo normalmente informado, atento y perspicaz. Sin embargo, como excepción protectora, el artículo 4.3 matiza que si la conducta se dirige a consumidores vulnerables (por edad o capacidad), no se usará el estándar del consumidor medio general, sino el del consumidor medio de ese grupo específico, garantizando así que la ley proteja también a los más indefensos.

Concepto de Marca, Requisitos y Signos Registrables (Ley de Marcas – LM)

El artículo 4 de la Ley de Marcas (LM), pese a estar rubricado bajo el título de “Concepto de marca”, no ofrece en realidad una definición teórica como tal, sino que se centra en delimitar qué signos pueden tener acceso al registro y bajo qué condiciones. Para que un signo sea registrable como marca, el legislador exige el cumplimiento de dos requisitos fundamentales:

1. Capacidad Distintiva: Que sirva para diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de sus competidores en el mercado.
2. Representación Clara: Que el signo pueda ser representado en el registro de tal manera que tanto las autoridades como el público general determinen con claridad y precisión el objeto de la protección.

Un aspecto clave de este segundo requisito es la evolución normativa que ha experimentado, ya que anteriormente se exigía obligatoriamente que el signo fuera susceptible de “representación gráfica”. Con la redacción vigente, esta exigencia se ha flexibilizado, permitiendo la inscripción de signos que no se pueden dibujar pero sí representar de forma precisa por otros medios, como ocurre con los archivos de audio. Esta apertura busca adaptar la ley a las nuevas realidades comerciales y tecnológicas, permitiendo un abanico mucho más amplio de posibilidades para los operadores económicos.

Asimismo, cabe destacar que el catálogo de signos que pueden constituir una marca, recogido en el citado artículo 4 de la LM y ampliado por el artículo 2.3 del Reglamento, tiene un carácter meramente ejemplificativo y no taxativo. Esto significa que, aunque el legislador mencione ciertos ejemplos, la lista no es cerrada; en virtud del principio establecido en la propia ley de que “podrán constituir marcas todos los signos”, cualquier elemento es susceptible de ser registrado siempre que cumpla con los dos presupuestos de distintividad y representación clara mencionados anteriormente.

Diferencias Clave: Marcas Colectivas vs. Marcas de Garantía

La Ley de Marcas (LM) establece diversas categorías de signos en función de aquello que se pretenda distinguir en el mercado, partiendo de la diferenciación clásica entre marcas de fábrica o industria (puestas por el fabricante) y marcas de distribución (añadidas por el distribuidor sobre productos no marcados). No obstante, para un estudiante de Derecho es fundamental profundizar en la clasificación que atiende a la titularidad y finalidad del signo, donde destacan especialmente las diferencias entre las marcas colectivas y las de garantía.

Marca Colectiva (Artículo 62 LM)

Es aquella titularidad de una asociación de empresarios o productores. Su función principal es diferenciar el origen empresarial de los productos o servicios, identificando que estos pertenecen a los miembros de dicha asociación y no a terceros ajenos al grupo.

Marca de Garantía (Artículo 68 LM)

Tiene una finalidad distinta: no busca señalar la pertenencia a un grupo, sino certificar que los productos cumplen con unas características comunes y niveles de calidad específicos (componentes, modo de fabricación, etc.).

Existen tres diferencias clave que debemos retener entre ambas:

1. La Finalidad: Mientras la colectiva indica «pertenencia u origen», la de garantía indica «calidad o certificación».
2. El Uso por el Titular: En la marca colectiva, los miembros de la asociación la usan para sus productos. En cambio, en la marca de garantía, el legislador prohíbe expresamente que el titular de la marca la use por sí mismo; su función es meramente de control y autorización hacia terceros.
3. La Motivación: La marca de garantía surge directamente como respuesta a la demanda de los consumidores de asegurar estándares de calidad, desplazando la indicación del origen a un segundo plano.

Rasgos Comunes y Protección Adicional

A pesar de estas diferencias, ambas clases comparten rasgos comunes esenciales, como el hecho de ser utilizadas por una pluralidad de empresarios y la obligatoriedad de presentar un reglamento de uso para su inscripción. Este reglamento es una pieza jurídica clave, ya que debe detallar quiénes pueden usar la marca, cómo deben hacerlo y qué régimen sancionador se aplicará en caso de incumplimiento.

Por otro lado, el sistema se completa con las marcas de renombre (artículo 8 LM), que suponen una excepción al principio de especialidad. Al ser marcas conocidas por una parte significativa del público, gozan de una protección ultraextensa que impide que otros registren signos idénticos incluso en sectores comerciales totalmente distintos, para evitar así el riesgo de confusión o el aprovechamiento indebido. Finalmente, respecto al ámbito de protección, el sistema se rige por el principio de territorialidad, aunque gracias a acuerdos internacionales como el Arreglo de Madrid y la creación de la Marca de la Unión Europea, los operadores pueden obtener protección en múltiples jurisdicciones mediante una solicitud única, simplificando la complejidad de los registros nacionales individuales.

Deberes y Obligaciones del Titular de la Marca (Uso y Mantenimiento)

El titular de la marca registrada tiene dos deberes principales que garantizan la vigencia y la efectividad de su derecho de exclusiva:

1. Deber de Mantenimiento Formal y Económico

Este deber se traduce en la obligación de abonar las tasas correspondientes ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). La marca, según el artículo 31 de la Ley de Marcas (LM), tiene una vida limitada de 10 años, pero su gran ventaja competitiva es que es renovable indefinidamente por periodos de igual duración. El procedimiento ordinario de renovación debe instarse en los 6 meses anteriores a la expiración.

Es importante destacar que, aunque la OEPM suele avisar del vencimiento, el artículo 32 LM es claro: la falta de aviso no exime al titular de su obligación. Para mitigar los efectos de un descuido, el legislador permite una renovación tardía con recargos:

• Un 25% si se hace en los 3 meses posteriores al vencimiento.
• Un 50% si se realiza entre el tercer y sexto mes.

Superados estos plazos sin renovación, se produce la caducidad automática del signo.

2. Obligación de Uso Real y Efectivo (Artículo 39 LM)

Esta obligación constituye la verdadera «contrapartida» al monopolio que el Estado otorga al titular. No basta con tener la marca registrada; hay que utilizarla en el mercado para distinguir productos o servicios. El legislador establece dos reglas temporales clave para entender este deber:

• Plazo de Inicio: El titular debe comenzar a usar la marca en un plazo de 5 años desde que el registro sea firme.
• Continuidad: Dicho uso no puede interrumpirse durante un periodo continuo de 5 años.

Trascendencia Procesal del Deber de Uso

Este deber de uso tiene una trascendencia procesal vital. Si el titular no utiliza su marca de forma efectiva, se expone a dos sanciones principales:

• La caducidad de la marca a instancia de parte.
• La pérdida de su capacidad defensiva: en un procedimiento de oposición o de nulidad contra un tercero, el solicitante puede exigir al titular de la marca anterior que acredite el uso real del signo. Si el titular no puede probar que ha usado la marca en los términos legales, no podrá impedir que el tercero registre o use su signo, quedando su derecho de exclusiva prácticamente vacío de contenido.

Requisitos Subjetivos de la Patentabilidad: Solicitud por Persona No Legitimada

En cuanto a los requisitos subjetivos de patentabilidad, el punto de partida es que el derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes (herederos), permitiéndose además situaciones de cotitularidad si la invención es fruto del trabajo de varias personas. Dado que este derecho tiene un marcado carácter patrimonial, es perfectamente transferible a terceros. No obstante, el legislador protege la autoría mediante el derecho moral del inventor a ser mencionado como tal en la patente, incluso cuando el solicitante sea una persona distinta (artículos 10 y 14 de la Ley de Patentes – LP).

Un aspecto crítico en la práctica jurídica es qué ocurre cuando la solicitud es presentada por una persona no legitimada. En estos casos, la Ley de Patentes (LP) articula diferentes mecanismos de defensa para el verdadero titular, dependiendo del estado en que se encuentre la tramitación:

• Si la patente aún no ha sido concedida (Artículo 11 LP): El verdadero legitimado puede interponer una acción declarativa ante el Juzgado de lo Mercantil para que se reconozca su derecho. Si obtiene una sentencia favorable, se le abre un plazo de tres meses para decidir entre tres opciones: subrogarse en la solicitud ya existente, presentar una nueva solicitud manteniendo la fecha de prioridad de la anterior, o simplemente pedir que se deniegue la solicitud del usurpador.
• Si la patente ya ha sido concedida (Artículo 12 LP): En este escenario, el titular legítimo debe ejercitar una acción reivindicatoria para recuperar la titularidad. Esta acción suele tener un plazo de prescripción de dos años desde la publicación de la concesión, a menos que el solicitante hubiera actuado de mala fe, en cuyo caso la acción no prescribe. Además, el titular recuperado podrá exigir una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

Por último, es importante destacar una «red de seguridad» procesal: si por cualquier motivo la acción reivindicatoria llegara a prescribir, el titular legítimo aún conserva la facultad de instar la acción de nulidad de la patente durante toda la vida legal de la misma, basándose precisamente en la falta de legitimidad de quien la registró.

Invenciones Laborales: Hallazgos Obtenidos en el Seno de una Empresa

El régimen de las invenciones laborales, regulado en los artículos 15 y siguientes de la Ley de Patentes (LP), es una de las materias más relevantes del Derecho de la Propiedad Industrial, ya que busca equilibrar los derechos del trabajador-inventor con los intereses del empresario que aporta los medios.

Para determinar a quién corresponde la titularidad de una invención realizada en el marco de una relación de empleo, la ley distingue tres categorías fundamentales:

1. Invenciones Pertenecientes al Empresario (Art. 15 LP): Se producen cuando el trabajador ha sido contratado específicamente para realizar labores de investigación. En este caso, el resultado del trabajo (la invención) pertenece íntegramente a la empresa o centro público. Al ser esta la función propia de su contrato, el trabajador no tiene derecho a una remuneración suplementaria, pues se entiende que su salario ya compensa dicha actividad.
2. Invenciones Asumibles por el Empresario (Art. 17 LP): Son supuestos en los que el trabajador no tiene contrato de investigador, pero logra el hallazgo gracias a los conocimientos adquiridos en la empresa o utilizando sus medios materiales. En este «punto medio», el empresario tiene un derecho de tanteo para asumir la titularidad o reservarse un derecho de utilización. Como contrapartida, el trabajador tiene derecho a una compensación económica justa.
3. Invenciones Pertenecientes al Empleado (Art. 16 LP): Son aquellas realizadas de forma totalmente independiente, sin utilizar medios de la empresa y fuera de la esfera de la relación laboral. Aquí, la propiedad corresponde exclusivamente al trabajador.

Deberes Procedimentales y Presunciones Legales

Para que los derechos del empresario (en los casos de los artículos 15 y 17) sean efectivos, el artículo 18 impone al trabajador la obligación de comunicar el hallazgo por escrito en el plazo de un mes. El incumplimiento de este deber conlleva la pérdida de los derechos que le pudieran corresponder.

Por otro lado, para evitar fraudes tras la finalización de la relación laboral, el artículo 19 establece una presunción iuris tantum: si el trabajador solicita una patente dentro del año siguiente a la extinción de su contrato, se presume que la invención se gestó en el seno de la empresa, salvo que el trabajador pueda demostrar lo contrario.

Régimen en el Sector Público (Art. 21 LP)

En el ámbito de las universidades y centros públicos de investigación, la regla general es que la titularidad pertenece a la institución. No obstante, el investigador tiene un derecho legal a participar en los beneficios que se obtengan de la explotación de la patente. Solo si la entidad renuncia a su derecho, la titularidad pasaría al investigador, pudiendo la institución reservarse una licencia gratuita de uso. Finalmente, las controversias derivadas de estos hallazgos se resuelven ante los Juzgados de lo Mercantil, aunque existe la vía opcional de la conciliación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para intentar una solución extrajudicial.

Obligaciones del Titular de la Patente (LP)

El mantenimiento del derecho de exclusiva sobre una invención conlleva una serie de obligaciones legales para el titular:

1. La Obligación de Explotar la Patente

Esta es, sin duda, la obligación principal. El artículo 90 de la Ley de Patentes (LP) establece que el titular no puede simplemente «guardar» la patente para impedir que otros la usen; debe ponerla en práctica de forma real y efectiva. El legislador fija unos plazos muy estrictos para el inicio de esta explotación:

• Plazo de Inicio: Debe comenzar en un periodo de 4 años desde la solicitud o de 3 años desde la fecha de concesión (aplicándose el que expire más tarde).
• Continuidad: Una vez iniciada, la explotación no puede interrumpirse durante más de 1 año.

Si el titular incumple este deber, se activa el mecanismo de las licencias obligatorias: cualquier tercero interesado puede solicitar una licencia para explotar la invención. Si el titular se niega, la autoridad puede imponerla. Es importante destacar que el nuevo licenciatario tiene, a su vez, 2 años para poner en marcha la invención; de lo contrario, la patente incurre en caducidad y pasa definitivamente al dominio público (Art. 108.1 d y e LP).

2. La Obligación de Pago de Tasas

El mantenimiento de la patente requiere el abono de tasas iniciales (gestión y examen) y tasas anuales (mantenimiento). El impago de estas últimas es una de las causas más frecuentes de caducidad. No obstante, la ley es flexible con ciertos perfiles para fomentar la innovación, ofreciendo bonificaciones:

• 15% por tramitación electrónica.
• 50% para PYMES y emprendedores.
• Hasta el 100% para Universidades Públicas (si demuestran explotación real).

En caso de descuido en el pago de las anualidades, el legislador otorga un periodo de cortesía de 6 meses para evitar la caducidad irreversible, aunque aplicando recargos del 25% (si se paga en los primeros 3 meses) o del 50% (si se paga entre el tercer y sexto mes).

3. El Régimen Especial de Defensa Nacional

Existe una excepción relevante en los artículos 111 a 115 LP. Cuando una patente interesa a la Defensa Nacional (energía nuclear, armamento, alimentación estratégica), el Ministerio de Defensa puede declararla secreta. En este caso, el titular tiene prohibido explotarla libremente, ya que la explotación queda reservada al Estado. Como contrapartida a esta limitación del derecho de propiedad, el Estado tiene la obligación de compensar económicamente al inventor por su esfuerzo.