Principios y Fines del Derecho Procesal

La declaración de un derecho y su correlativa obligación o deber son pilares en la construcción de un Estado. Su repercusión es vasta, abarcando el ámbito institucional y penal, lo que a su vez requiere de un sistema carcelario y un servicio público como Gendarmería. En el ámbito civil, se necesita un sistema eficiente para el cobro de créditos.

El proceso judicial persigue fines claros que deben considerar los costos y el tiempo de judicialización de cada caso. Estos fines son:

• Fines inmediatos: Lograr una decisión correcta, eficiente y oportuna del caso particular.
• Fin mediato: Alcanzar y mantener la paz social.

Función Principal: La Tutela Jurisdiccional Efectiva

La función principal del derecho procesal es garantizar la tutela jurisdiccional efectiva, también conocida como acceso a la justicia. Esta se basa en establecer la verdad del caso, determinando si los hechos alegados son verdaderos o falsos, lo cual es indispensable para resolver los conflictos de forma justa.

Desde la perspectiva de la tesis dualista de la acción, se entiende que los intereses de las partes generan acciones judiciales. Se distingue así entre el proceso, concebido como un conjunto de garantías, y los procedimientos, entendidos como una concatenación de formas.

Distinción entre Derecho Procesal y Derecho Sustantivo

El derecho procesal y el derecho sustantivo se distinguen por su contenido y finalidad:

• Reglas sustantivas: Reparten el riesgo de error entre los interesados en un caso. Un ejemplo de regla procesal en una ley sustantiva es la nulidad absoluta, que el juez ordinario debe declarar cuando el vicio aparece de manifiesto.
• Reglas procesales: Señalan las formas en que se organiza la discusión en torno a esos derechos y obligaciones.

Análisis del Proceso: Costos y Riesgos del Error

Según Larry Alexander, el derecho procesal incluye el derecho a presentar argumentos y pruebas, a ser juzgado por un tribunal imparcial o a recurrir un fallo adverso. Los procesos judiciales se diseñan como mecanismos que reducen los costos del error, minimizando los riesgos asociados. Para ello, es crucial distribuir el riesgo entre los diversos casos y partes. El sistema debe ser juzgado por el tipo de distribución que crea, considerando siempre su costo.

Variables del Costo del Error

El costo del error se compone de dos variables fundamentales:

1. El riesgo en el resultado: Es la probabilidad de que el desenlace del litigio no coincida con los derechos sustantivos de las partes.
2. El costo de dicho resultado: Es el daño que surge de esa desviación. Debe medirse en términos de valores; mientras más valioso sea el interés sustantivo en juego, mayor será el perjuicio derivado del error. Por lo tanto, cuanto más grande es el daño, mayor es el beneficio social de evitarlo.

La justicia penal y la civil miden los errores de manera distinta, conectando el error en el resultado con el daño moral. En este punto, los argumentos morales se mezclan con los de eficiencia, ya que la actuación de las partes puede afectar los valores reconocidos por el proceso.

Aplicación e Interpretación de la Ley Procesal

Aplicación en el Tiempo y el Espacio

La ley procesal está vinculada a la idea de soberanía, aplicándose solo ante los tribunales de la República. Por regla general, rige inmediatamente una vez publicada en el Diario Oficial. Sin embargo, existen excepciones:

• Cuando las disposiciones transitorias de la misma ley establecen una vacancia legal.
• Cuando se trata de actos ya iniciados, como un plazo que ya está corriendo, según la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes (art. 24, de 1861).

En la organización de tribunales de la reforma de 2008 a la Constitución, se estableció un plazo máximo de cuatro años para la vacancia legal (art. 77), con diversas fechas de entrada en vigencia para las diferentes regiones del país.

Interpretación de la Norma Procesal

La interpretación está marcada por los fines y funciones del proceso judicial. La regla del proyecto de Código Procesal Civil de 2012 establece que para su aplicación e interpretación se debe atender a los principios generales del Derecho Procesal y los indicados en el Título I de dicho código, sin perjuicio de lo señalado en los artículos 19 al 24 del Código Civil.

Interés Público y Desafíos Actuales

Existe un interés público en obtener una resolución rápida, eficaz y justa del conflicto, lo cual depende de los fines y funciones del proceso judicial. En la aplicación de la ley procesal hay reglas que la orientan, como la Ley 19.253 de 1993 sobre la costumbre indígena. Esta aplicación es irrenunciable para las partes y el juez, salvo que la ley disponga lo contrario.

La doble demanda de la ley procesal implica que la teoría general del proceso debe velar por la correcta descripción empírica de cómo ocurren las cosas en la práctica, y a la vez, descansar en una teoría de adjudicación coherente con las políticas, principios y valores que justifican las reglas procesales.

Un desafío importante es la decodificación. Este fenómeno responde a veces a presiones de grupos de sujetos interesados en resguardar sus derechos de una forma particular, lo que crea una carrera de privilegios que puede poner en riesgo la coherencia interna de la ley procesal. Esto genera una desconexión entre los procesos que lleva a la pérdida del sustrato cultural de la ley procesal.

El Debido Proceso como Garantía Fundamental

El debido proceso es un conjunto de garantías para el litigante, reconocido ampliamente durante el siglo XX en diversos instrumentos internacionales:

• Declaración Universal de Derechos Humanos (1948): El artículo 10 establece que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente por un tribunal independiente e imparcial.
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966): Artículo 14.
• Convención Europea de Derechos Humanos (1950): Reconoce el derecho a un proceso equitativo.
• Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica: El artículo 8 detalla las garantías judiciales.

En Chile, las garantías procesales están consagradas en el artículo 19 N°3, inciso 6° de la Constitución, el artículo 19 N°7 sobre el derecho a la libertad personal y seguridad individual, y el Código Procesal Penal del año 2000, que establece el derecho al juez natural.

Derechos Fundamentales del Proceso

Derecho al Órgano Jurisdiccional, a la Tutela Judicial, a la Acción y al Proceso

El acceso a la justicia garantiza el derecho a iniciar un proceso para pedir la tutela de derechos e intereses que se reclaman como propios. Esto incluye deducir pretensiones ante un tribunal de justicia, obtener una respuesta y, si la sentencia no es favorable, el derecho a recurrir.

Barreras y Formas de Inclusión

Existen diversas barreras que pueden dificultar el acceso a la justicia:

• Barreras económicas: Como el pago de una franquicia o tasa judicial.
• Mediación obligatoria: Aunque es una forma de justicia, tiene un carácter más público que privado y presenta el riesgo de que los tribunales no puedan resolver un caso con una clara connotación pública.
• Estándar de admisibilidad de la acción: Requisitos formales que pueden impedir el inicio de un proceso.

Para superar estas barreras, es fundamental desarrollar formas de inclusión que tengan en cuenta la escasez de recursos y garanticen que todos los ciudadanos puedan acceder efectivamente a la justicia.