Acción declarativa de inconstitucionalidad

Es una nueva garantía constitucional. Se trata de un instituto que surgió en los últimos tiempos como control de constitucionalidad desde la jurisprudencia de la C.S.J.N. y de los tribunales inferiores. Como una de las más novedosas vías procesales para la actuación de dicho control, ha nacido no como norma legislada, sino del desarrollo jurisprudencial.

Es un tema de mucha importancia, ya que toda declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica es un acto de gravedad institucional (según Ricardo Haro).

Concepto y características

Denomínase pretensión declarativa a aquella que tiende a obtener un pronunciamiento que elimine la falta de certeza sobre la existencia, eficacia, modalidad o interpretación de una relación o estado jurídico.

La característica fundamental de este tipo de pretensiones declarativas consiste en que la declaración de certeza resulta suficiente para satisfacer el interés de quien la propone y, por lo tanto, para agotar el cometido de la función jurisdiccional.

Requisitos de procedencia

Para la procedencia de este proceso, son condiciones que:

• 1. Exista una relación jurídica.
• 2. Un estado de incertidumbre.
• 3. Actualidad de la lesión.
• 4. Legitimación de las partes.
• 5. No disponibilidad de otro medio procesal.

Análisis de los requisitos

1) Relación jurídica: Para que sea viable deben estar presentes los tres elementos de toda relación jurídica: sujeto, objeto y causa. Más allá de toda discusión, es imprescindible la existencia de dos partes, es decir, de dos sujetos que ostenten intereses opuestos; sin esto, la acción declarativa no sería viable.

2) Estado de incertidumbre: El Art. 322 del C.P.C.C. exige para dar inicio a esta acción la presencia de un estado de incertidumbre que debe recaer sobre la existencia, alcances o modalidades de la relación jurídica. Existen dos posibilidades: plantear una acción solo cuando la oscuridad de una norma lleve a afirmar su inconstitucionalidad o cuando, pese a las contundencias, se generen dudas sobre su adecuación a la Constitución Nacional (C.N.).

3) Actualidad de la lesión: El Art. 322 del C.P.C.C. exige como requisito de procedencia que la lesión sea actual y concreta.

4) Legitimación de las partes: Esta exigencia debe estar presente tanto en quien acciona como en quien es demandado. Debe tener intereses jurídicos suficientes.

5) No disponibilidad de otro medio procesal: Este proceso de inconstitucionalidad tiene un radio de acción propio con objetivos específicos que no se confunden con pretensiones de otra índole; es decir, procede cuando no exista otro mecanismo ordinario para demandar.

Características principales y procedimiento

Es un proceso constitucional, una herramienta para la defensa de la Constitución. La C.S.J.N. guarda parentesco con la acción de amparo y reconoce dos posiciones:

• Positiva: Declara la existencia de un derecho con base constitucional al actor.
• Negativa: Se declara un «no derecho» del accionado, también por acciones constitucionales.

La legitimación activa la tiene el titular del interés jurídico y la pasiva la tiene aquel contra quien se procura que tenga efectos de cosa juzgada la sentencia declarativa.

Procedimiento legal

Está normado por la parte final del Art. 322 del C.P.C.C. La determinación por el magistrado del tipo de proceso (ordinario o sumarísimo) es irrecurrible (Art. 319 del C.P.C.C.).

Medida de no innovar: La Corte Suprema admitió la procedencia de medidas precautorias en la A.D.I. (Acción Declarativa de Inconstitucionalidad) por excepción, siempre que el actor demuestre la verosimilitud de su derecho y el peligro en la demora.

Efecto de la sentencia: Produce cosa juzgada, pero solamente entre las partes del litigio.

Régimen del amparo

El Amparo es una acción judicial cuyo objetivo consiste en proteger todos los derechos diferentes al de la libertad física (la cual se encuentra protegida específicamente por el Habeas Corpus).

Así como el Habeas Corpus garantiza el ejercicio de la libertad física o ambulatoria, el amparo tiende a garantizar cualquiera de los restantes derechos fundamentales. De modo que puede recurrir a esta acción quien se vea privado de ejercer cualquiera de los derechos reconocidos expresa o implícitamente por la C.N., un tratado o una ley.

La acción de amparo constituye un medio rápido para los casos de violación efectiva o inminente de los derechos. Históricamente surge de dos fallos fundamentales:

• a) Caso Siri: A través de este fallo surge el amparo contra actos estatales.
• b) Caso Kot: A través de este fallo se extiende la protección del amparo contra actos de particulares.

Arbitrariedad e ilegalidad del acto lesivo

La ley nacional de amparo está dispuesta para los actos u omisiones que tengan «arbitrariedad o ilegalidad manifiesta», según dice su artículo primero en sintonía con el Art. 43 de la C.N. De este análisis podemos extraer dos conclusiones:

• a) La acción de amparo no se encuentra programada para actos de la autoridad que no sean manifiestamente ilegales o arbitrarios.
• b) Para que prospere un amparo, el acto cuestionado debe ser manifiestamente ilegal o arbitrario. Basta una de estas razones para la viabilidad de la acción.

Fuentes normativas e inadmisibilidad

En 1966 se dicta la Ley 16.986 sobre «Acción de amparo frente a actos estatales». En el año 1967, la Ley 17.454 incluye la acción de amparo frente a actos de particulares en el C.P.C.C. de la Nación. Si bien el amparo ya tenía jerarquía constitucional (Art. 33, derechos implícitos), la reforma de 1994 lo incorporó al texto de la Constitución a través del Art. 43 (1er y 2do párrafo).

Inadmisibilidad (Ley 16.986, Art. 2)

La acción de amparo no será admisible cuando:

• a) Existan recursos o medios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate.
• b) El acto impugnado emanara de un órgano del Poder Judicial o haya sido adoptado por expresa aplicación de la Ley 16.986.

Carácter excepcional y agravio irreparable

Conforme al esquema de la Ley 16.986, el amparo es un instituto excepcional, residual o heroico, reservado para situaciones extremas donde peligra la salvaguardia de derechos fundamentales por falta de otros medios. El amparo presupone un desamparo.

Se admite el agravio irreparable cuando se corra el riesgo de brindar una protección judicial posterior a la ruina del recurrente, ya sea por la lentitud del procedimiento regular o cualquier otra razón valedera.

Proceso y competencia

Según el Art. 4 de la Ley 16.986, será competente el juez de primera instancia con jurisdicción en el lugar en el que el acto se exteriorice o tenga efecto. Se plantean problemas respecto a la opción entre competencia amplia o restringida y la oportunidad para resolver la incompetencia.

Legitimación de las partes

El Art. 5 de la Ley 16.986 establece que la acción puede ser deducida por toda persona individual o jurídica, o por asociaciones que, sin ser personas jurídicas, justifiquen que sus fines no contrarían el bien público.

Procedimiento por Art. 43 de la C.N.

Toda persona puede interponer acción expedita o rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridad pública o de particulares que lesione, restrinja, altere o amenace derechos reconocidos por la C.N. El juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en la que se funda el acto lesivo.

Amparo Colectivo

Se puede interponer contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a derechos del ambiente, competencia, usuario, consumidor y derechos de incidencia colectiva. Están legitimados el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones registradas.

Pautas del amparo clásico

1. Acción expedita y rápida.
2. Inexistencia de otro medio judicial más idóneo.
3. Procede contra actos u omisiones de autoridad pública o particulares.
4. Protección de derechos constitucionales, tratados y leyes.
5. Violación actual o inminente.
6. Acto manifiestamente arbitrario o ilegal.
7. Posibilidad de declarar la inconstitucionalidad durante el proceso.

Situaciones especiales

• Estado de sitio: El amparo no se suspende, aunque su alcance puede limitarse si las restricciones no son consideradas ilegales o arbitrarias bajo la emergencia.
• Actos administrativos del Congreso: No están exentos de demandas de amparo.
• Comisiones parlamentarias: Sus actos son judiciables si vulneran el orden constitucional.
• Amparo ambiental: Instrumentado por la Ley Nacional 25.675.

Habeas Data

Refiere a una cuestión de derecho constitucional «de fondo» dirigida a la protección de datos personales (privacidad, honor, identidad, dignidad, verdad, igualdad, propiedad). Es una garantía para exigir explicaciones a organismos públicos o privados sobre la información que poseen de una persona.

Fue incorporada en la reforma de 1994 (Art. 43, 3er párrafo) y está regulada por la Ley 25.326.

Tipos de Habeas Data

• a) Exhibitorio: Para averiguar qué consta en el banco de datos.
• b) Cancelador o exclutorio: Para suprimir «datos sensibles» (ideas políticas, religiosas, orientación sexual, etc.).
• c) Rectificador o corrector: Para casos de falsedad.
• d) Actualizador: Para poner al día datos atrasados.
• e) Reservador: Asegura la confidencialidad de ciertas registraciones.

Habeas Corpus

Es una garantía cuyo objetivo consiste en proteger la libertad física contra perturbaciones ilegítimas. Inicia un proceso breve y rápido para verificar la legitimidad de la restricción. La fuente normativa es la Ley 23.098 (1984) y el Art. 43 de la C.N.

Clases de Habeas Corpus

• a) Reparador: Para hacer cesar una detención ilegal ya consumada.
• b) Preventivo: Ante una amenaza inminente contra la libertad física (ej. orden de arresto ilegal).
• c) Correctivo: Para mejorar las condiciones de una detención legal (ej. falta de alimentación).
• d) Restringido: Ante perturbaciones al derecho de locomoción sin privación de libertad (ej. vigilancia, seguimiento).
• e) De pronto despacho: Para impulsar trámites administrativos de libertad.
• f) Por mora en la traslación: Cuando la autoridad no dispone el traslado o no ratifica el interés en el arresto.
• g) Colectivo: Para un grupo de personas afectadas por un acto común.

Relación con la Constitución Nacional

Apareció por primera vez en 1863 (Ley 48). Aunque se incorporó formalmente en 1994, siempre se consideró implícito en los Art. 18 y 33. La legitimación para promoverlo corresponde al propio detenido, a cualquier persona en su nombre o al juez de oficio.

Habeas Corpus y Estado de Sitio

Según la jurisprudencia de la CSJN:

1. Puede interponerse durante el estado de sitio.
2. Su finalidad es revisar la razonabilidad de la restricción.
3. El éxito depende de la decisión judicial sobre dicha razonabilidad.

Facultades presidenciales

El estado de sitio es facultad exclusiva del Presidente. El arresto debe vincularse a la emergencia y no a delitos comunes. El arrestado tiene el «derecho de opción» para salir del territorio. El Art. 23 limita al Presidente: no puede condenar ni aplicar penas, facultad que pertenece exclusivamente al Poder Judicial.