Principios que rigen a los órganos jurisdiccionales

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TEMA 2.Ámbito Y Extensión DEL ORDEN C-A

1.

Los criterios: objetivo y subjetivo, su progresiva ampliación

La ley de la jurisdicción c-a desarrollando lo que establece el 9.4 LOPJ contiene en su art.1 una delimitación general del ámbito del orden jurisdiccional c-a. Los dos art. Siguientes 2 y 3, matizan esa cláusula general.
El art. 1.1 delimita el ámbito de este orden jurisdiccional combinando dos criterios simultáneos:
ØCriterio de carácter objetivo, consiste en que para poder acudir al c-a tiene que tratarse de una actuación sujeta al dº

administrativo

Se utiliza el termino actuación para abarcar no solo los actos administrativos sino también la inactividad de la admón., las actuaciones constitutivas de vía de hecho, las actuaciones bilaterales, siempre y cuando se rijan por el dº administrativo. Además también se comprenden las disposiciones generales de rango inferior a la ley, es decir todas las normas reglamentarias y por último el control de decretos legislativos cuando exceden los límites de la delegación.

ØCriterio de carácter subjetivo
. Consiste en que esa actuación provenga de una Admon pública. La ley en su art. 1.2 incluye en el concepto de admón. Pública las administraciones territoriales (las del Eº, CC.AA y locales) y además incluye todas las entidades de dº público que sean dependientes o estén vinculadas a las Administraciones territoriales. Quedan fuera los entes instrumentales vinculados a la Admon pero que tienen forma propia del Dº privado.
El apartado 3º del art. 1 extiende el ámbito jurisdiccional del orden c-a al control de determinadas actuaciones que realizan poderes del Eº y órganos constitucionales que no son administración pública.
Supuestos:
1.Los actos y disposiciones en materia de: personal, admón. Y gestión patrimonial, siempre que estén sujetos a normas de dº público adoptados por los órganos competentes del Eº, el congreso, el senado, el tc, el tribunal de cuentas, el defensor del pueblo y las instituciones equivalentes en las CC.AA.
2.Los actos y disposiciones del CGPJ y la actividad administrativa de los órganos de gobierno de los juzgados y tribunales.
3.La actuación de la Admon electoral

2.Los límites del orden c-a A)Delimitación positiva y negativa:

·Delimitación positiva
Art. 2 de la ley de la jurisdicción c-a.
Aclara la extensión del ámbito del orden jurisdiccional c-a en relación con una serie de materias problemáticas o dudosas.
I.Los llamados actos políticos o de gobierno
Históricamente tanto la juris francesa del Consejo de Estado francés como la jurisprudencia y las leyes de la jurisdicción c-a españolas han venido excluyendo determinados actos que proceden de la Admón. Del control jurisdiccional c-a por considerar que se trata de actos de contenido político y no jurídico. Progresivamente esta doctrina se ha ido restringiendo porque supone una limitación de la tutela judicial del administrado frente a la Admón. Después de la CE esta depuración del concepto de acto político se ha vuelto ineludible como consecuencia del reconocimiento del dº a la tutela judicial efectiva y así se ha llegado a la situación actual que es la que refleja la letra a) del art. 2 de la LJCA.
Hoy en día solo se considera acto político a determinados actos que proceden del Gobierno, nunca de otras autoridades administrativas inferiores, porque el Gobierno tiene una doble naturaleza, es órgano administrativo (el órgano supremo de la Admón.) pero es también un órgano político, el órgano titular del poder ejecutivo. Esta carácterística lleva a que haya actuaciones del Gobierno que no se rigen por el dº administrativo, sino directamente por el dº constitucional o en su caso por el dº internacional público. El problema es saber quién controla estas actuaciones. La solución a la que se ha llegado es atribuir el control de estas actuaciones del Gobierno al orden c-a pero de forma limitada, porque el orden c-a solo se extiende a 3 elementos de esas actuaciones: la protección frente a las mismas de los dº fundamentales, los elementos reglados que puedan tener esas actuaciones y las indemnizaciones a las que pudieran dar lugar.
II.Los contratos de la Admón.
En nuestro sistema de control jurisdiccional de la Admón. Es tradicional distinguir a efectos de ese control dos tipos de contratos de la Admón., por una parte los contratos administrativos que se rigen íntegramente por normas de dº administrativo, y que por lo tanto son controlados también íntegramente por el orden jurisdiccional c-a; y por otro lado están los contratos privados de la admón. Que se rigen por normas administrativas en la preparación y la adjudicación mientras que en lo que se refiere a la ejecución y extinción se rigen por el dº privado y por consiguiente se les aplica la tª que se llama de los actos separables. Lo que implica es que el control de los actos de preparación y adjudicación que son actos administrativos va al orden j c-a, mientras que los pleitos que nacen de la extinción y ejecución van al orden jurisdiccional civil. (letra b) del art. 2) No está adaptada a la ley de contratos del sector público del 2007 y que obliga a hacer alguna adaptación.
Uno de los cambios importantes de esta ley del 2007 es que el control del orden jurisdiccional c-a se extiende tb a la preparación y adjudicación de todos los contratos sujetos a regulación armonizada (contratos del ámbito de aplicación de directivas comunitarias) aunque la entidad contratante no tenga la condición de Admón. Pública. Esto contradice los principios estudiados, el de que no se puede demandar a un ente privado ante la juris c-a. Para salvar la contradicción se establece un recurso administrativo obligatorio ante la Admón. A la que está vinculado el poder adjudicador, y así no se le puede demandar directamente.
III.Los actos y las disposiciones de las corporaciones d dº público cuando se adoptan en el ejercicio de funciones públicas.
En rigor este apartado es superfluo. Aquí cuando se habla de corporaciones de dº público se habla de corporaciones de intereses de (colegios de profesionales, cámaras de comercio) que son entidades públicas. Tienes la peculiaridad de que en cierto modo tienen una doble naturaleza, público-privada, porque ejercen funciones públicas de control de la actividad profesional o económica, pero al mismo tiempo ejercen funciones puramente privadas en beneficio de sus colegiados o asociados. Lo que expresa esta letra c) es que sus actuaciones solo son controlados por el orden jurisdiccional c-a cuando son ejercicio de esas funciones públicas que tienen atribuidas. Esto no es muy exacto porque en realidad el ámbito del orden c-a se extiende más allá de eso, porque estas corporaciones son personas de dº público, entonces su organización interna se rige por el dº público, y por lo tanto son controlables también por el órgano jurisdiccional c-a.
IV.Art. 2.D)
Se ocupa del control jurisdiccional de la actuación determinado sujetos privados, los concesionarios de servicios públicos cuando a esas personas privadas se les ha atribuido el ejercicio de potestades administrativas. Estas actuaciones en principio no podrían ser controladas por el orden c-a porque falta el criterio subjetivo del art. 1, no provienen de la admón. Sino de un sujeto privado. Por consiguiente la ley plantea dos opciones posibles:
1ª. Que se prevea la posibilidad de recurrir ante la Admón. Concedente la actuación del concesionario y entonces frente a la resolución de ese recurso, de ese acto de control, ya se puede ir al C-A.
2ª. Una norma con rango de ley previese expresamente que la actuación del concesionario pueda ser recurrida directamente ante el orden C-A. En la realidad no se da.
V.La responsabilidad patrimonial de la Admón.
Supuestos de responsabilidad extracontractual de la Admón. La responsabilidad patrimonial de la Admón.
Históricamente ha habido bastantes vacilaciones tanto legislativas como jurisprudencial sobre cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de los litigios que se derivan de esta materia.
En el plano legislativo la ley de 1956 atribuyó estos pleitos en exclusiva al orden jurisdiccional c-a, pero inmediatamente después la ley de 1957 de régimen jurídico de la admón. Del estado repartíó la competencia jurisdiccional según si el daño derivaba de actuaciones de dº público o de dº privado. El siguiente paso vino dado por la ley 30 de 1992 de régimen jurídico de las Admon públicas y d procedimiento administrativo común y que vuelve a restablecer la unidad jurisdiccional en esta materia, de manera que todos los pleitos de responsabilidad patrimonial van al c-a con independencia de si es responsabilidad de dº público o de dº privado. A pesar de la reforma legislativa el orden jurisdicción civil siguió tramitando procesos en materia de responsabilidad patrimonial. Para resolver la situación se ha modificado varias veces tanto el 9.4 de la LOPJ como la letra e) del art. 2 de la Ley de la Jurisdicción c-a, de tal manera que en la actualidad todos los litigios derivados de la responsabilidad. Patrimonial de la Admón. Son competencia del orden C-A, con independencia de si es responsabilidad de dº público o de dº privado y de si concurren particulares en esa responsabilidad o de si hay seguro de responsabilidad.
Esta prohibido expresamente demandar a la admón.. Por este motivo ante el orden civil o el social. A pesar de eso sigue habiendo por lo menos dos supuesto en que se puede exigir responsabilidad patrimonial al Eº ante otros órdenes jurisdiccionales:
1.La responsabilidad civil derivada de delito. (se tramita en el propio orden penal)
2.La responsabilidad que atribuye al Eº la legislación laboral.

Este art. 2 contiene como cierre una remisión a otras materias que se le puedan atribuir expresamente al orden jurisdiccional C-A, pero con una restricción, es que ese tipo de atribuciones solo se pueden hacer por norma con rango de ley.
·Delimitación negativa.
Art. 3 LJCA. Quedan excluidas las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes civil, penal y social aunque estén relacionadas con la actividad de la Admón.
En relación con el orden civil.
Respecto de este hay algunas materias dudosas o problemáticas que aparecen reguladas expresamente en la propia ley de la jurisdicción c-a, pero hay otras que ninguna ley aclara del todo y en las que ha sido la jurisprudencia la que ha sentado los criterios, así ocurre con los litigios relacionados con la propiedad, la posesión y los derechos reales limitados, cuando se ven afectados por actuaciones administrativas. Hay una doctrina jurisprudencial civil que establece la exclusividad de la competencia de este orden en la tutela de esos derechos, pero en la practica hay que distinguir dos aspectos: por una parte los aspectos sustantivos o de fondo, en donde la competencia es del orden civil; y por otra parte están los aspectos procedimentales y competenciales de las actuaciones administrativas que afectan a estos derechos y que en cambio son competencia del orden jurisdiccional C-A. Por Ej.: un conflicto derivado de la titularidad de un bien entre un particular y la admón., en ese caso quien decide sobre la propiedad es el orden civil, pero las cuestiones procedimentales son del orden c-a. En Galicia el problema de los montes vecinales en mano común (que se reconoce por vía administrativa)los vecinos que no están de acuerdo, los particulares que reclamas van por vía civil, pero también se puede ir por vía c-a, porque es la admón. Quien reconoce esas delimitaciones.
Otro problema son los actos de admón. Del dº privado, materia administrativa pero que la ley atribuye al orden civil. Os referimos a todos los actos relacionados con la admón. De los registros mercantil, civil y de la propiedad. Son actos administrativos aunque atañen dº privados. Estos actos se reconocen al orden jurisdiccional civil aunque en rigor son actos administrativos.

En relación con el orden penal y la jurisdicción militar



No se puede discutir que la imposición de sanciones penales y la determinación de la responsa civil derivada de delito es exclusivísima del orden penal y en su caso de los tribunales militares.
Solo hay un ámbito penal donde debería intervenir el orden c-a que es el del control judicial de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias. Las penas las imponen los tribunales, pero la ejecución la controla la admón.

En relación con el orden jurisdiccional social


Todo el ámbito del dº del trabajo está fuertemente administrativizado y sin embargo buena parte de los actos administrativos que se dictan en esta materia no son controlados por el orden c-a sino por el orden social.
Se excluye también el recurso contencioso disciplinario militar. Las sanciones disciplinarias que se imponen en el ámbito militar, que aunque son sanciones administrativas, son controladas en vía jurisdiccional por la jurisdicción militar.
En tercer lugar se excluye también los conflictos de jurisdicción entre los juzgados y tribunales y la Admón. Pública, y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma admón. Los conflictos de jurisdicción se dan entre órganos jurisdiccionales y órganos administrativos y que resuelve el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción previsto en el art. 38 LOPJ. Esta materia esta desarrollada por una ley específica que es la LO2/1987 de 18 Mayo de Conflictos Jurisdiccionales (reminiscencia de los orígenes de la división de poderes, poca aplicación en la práctica).
Los conflictos entre órganos o entidades instrumentales de una misma admón., este tipo de conflictos se resuelven internamente por vía administrativa.
Los órganos instrumentales no tienen legitimación para demandar a la Admón. De la que forman parte.
Hay una última materia excluida que son los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las normas forales fiscales de las juntas generales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya que van al TC.
Entre las competencias que tienen las diputaciones vascas (por lo tanto órganos administrativos) tienen fuertes competencias en materia fiscal, regulando casi exclusivamente sus tributos. Formalmente son normas reglamentarias pero son casi leyes porque derivan de asambleas elegidas por los ciudadanos, por eso el legislador le da un tratamiento híbrido.

B)Las cuestiones prejudiciales e incidentales


. Art. 4 LJCA
Cuestiones prejudiciales e incidentales: son cuestiones que surgen durante la tramitación de un proceso y que aunque no formas parte del objeto principal del mismo, hay que resolverlas antes de dictar sentencia. Pueden ser incluso cuestiones ajenas al orden jurisdiccional que está resolviendo.
La regla general es que estas cuestiones prejudiciales aunque no pertenezcan al ámbito del orden c-a las deben resolver los órganos de este orden jurisdiccional cuando están tramitando un proceso, para evitar dilaciones indebidas. Como contrapartida la decisión que el órgano c-a pronuncia no tiene efectos de cosa juzgada, solo produce efectos en el proceso en el que se dicta. Además hay tres excepciones en las cuales las cuestiones prejudiciales no pueden ser resueltas por los órganos c-a:
1.Las cuestiones penales, por la exclusividad de los órganos penales
2.Las cuestiones de orden constitucional que sean competencia exclusiva del TC, la cuestión de inconstitucionalidad que obligan a parar el proceso
3.Los casos que se prevean mediante tratados internacionales, cuestiones prejudiciales que se plantean ante el TJCE.

C.

Los órganos de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa

1. Competencias y composición.
En la actualidad el orden jurisdiccional c-a tiene tres niveles:
1.El de los Juzgados de lo C-A, que son órganos unipersonales y que existen en todas las capitales de provincia y en algunas otras ciudades.
Paralelamente hay también unos Juzgados Centrales de lo C-A en Madrid.
2.Las Salas de lo C-A de los Tribunales Superiores de Justicia de cada CC.AA y de la Audiencia Nacional que tiene sede en Madrid
3.La Sala de lo C-A del Tribunal Supremo.
Cualquiera de estos órganos jurisdiccionales puede conocer en única instancia y esto se debe a que la competencia objetiva se reparte en función de tres criterios: la procedencia de la actuación administrativa impugnada, la materia y la cuantía del asunto.
De esta manera se trasladan al ámbito judicial los criterios de distribución de competencias que se aplican en el ámbito administrativo, y que suelen llevar a que los asuntos de más entidad, se atribuyan al conocimiento de los órganos superiores. Dicho de otra forma, los juzgados de lo c-a no son órganos con competencia objetiva general, sino con competencia de atribución que se señala en una lista
Hay otro criterio más, que consiste en que un asunto solo puede ser objeto de dos sentencias como máximo, nunca puede haber tres revisiones de un asunto. Hay dos posibilidades:
-O el asunto va en primera instancia a los juzgados y luego hay apelación ante el TSJ o la AN.
-O va en instancia única al TSJ o la AN y luego hay casación ante el TS
Dejando a un lado aquellos casos en que la instancia es única y no hay posibilidad de recurso, como los asuntos que van directamente al TS.
La competencia.
Aparece en la Ley de la Jurisdicción C-A en los art. 8 y ss. (no es necesario saberlo de memoria)
En todo caso, la competencia de los órganos del orden jurisdiccional C-a no es prorrogable, es decir, las partes no pueden disponer libremente de ella, hay que ir al órgano indicado, no al que las partes quieran. Por lo tanto, los órganos judiciales están obligados por la ley a controlar de oficio su propia competencia y si consideran que son incompetentes para conocer de un asunto, tiene que remitir a las partes, previa audiencia de las mismas, al órgano que consideren competente.
Art. 8 empieza por las competencias de los Juzgados de lo C-A. No tienen competencia general, sino que tienen competencias de atribución.
Los Juzgados conocen en primera o única instancia dependiendo de si hay o no recurso de apelación.
Sus competencias se pueden agrupar fundamentalmente en cinco bloques:
1.De los recursos que se presentan contra actuaciones de las entidades locales, con la excepción de los planes de urbanismo y las ordenanzas y reglamentos locales.
2.Control de ciertas actuaciones de los órganos centrales de las administraciones de las comunidades autónomas que no sean el Consejo de Gobierno Autonómico.
3.Los recursos contra actuaciones de órganos periféricos tanto de la Admón. Del Eº como de las Administraciones autonómicas y de los entes públicos cuyas competencias no se extienden a todo el territorio nacional. Están exceptuadas ciertas actuaciones de los entes periféricos de la admón. Del Estado y de los organismos públicos estatales.
4.Los recursos contra actos de la Admón. Electoral concretamente los actos de las Juntas Electorales de Zona y los recursos en materia de proclamación de candidaturas y candidatos.
5.Los Jueces de los C-a son los competentes para otorgar a la Admón. Las autorizaciones para entrar en domicilios privados, y también para adoptar medidas sanitarias forzosas que afecten a los derechos y libertades individuales.
Art. 9. Los Juzgados Centrales de lo C-A.
Se encargan básicamente de cuatro tipos de recursos:
1.Recursos en materia de personal contra actos dictados por Ministros y Secretarios de estado.
2.De los recursos interpuestos contra determinadas sanciones administrativas impuestas por órganos centrales de la Admón. Del Eº exceptuando el Consejo de Ministros
3.Los recursos contra las actuaciones de los organismos públicos estatales con competencia sobre todo el territorio nacional. Ciertas excepciones en la D.A 4ª.
4.El control de los actos de fiscalización dictados por el Comité Español de Disciplina Deportiva y las resoluciones de inadmisión de solicitudes de asilo político.
Se ha introducido la autorización para cerrar páginas web o interrumpir la prestación de servicio por la Ley de Economía Sostenible.
Art. 10 Las Salas de lo C-A de los TSJ
Son órganos con competencia residual, es decir, si un asunto no está atribuido expresamente a ningún otro órgano va al TSJ.
La ley completa esta atribución de competencia residual con una lista de materias.
1.El control de los planes urbanísticos locales y las ordenanzas y reglamentos locales
2.Se incluye el control de las actuaciones de los órganos estatutarios autonómicos cuando son competencia del orden c-a.
3.Recursos contra los actos de las Juntas Electorales Provinciales y de las CC.AA y la impugnación de las proclamaciones de candidatos electos y de presidentes de las corporaciones locales.
4.Los recursos contra convenios entre Administraciones. De ámbito autonómico.
5.Recursos contra actos de órganos centrales de la admón. Del Eº de rango inferior a Secretario de Eº en determinadas materias,.
6.El control de los actos de ciertos órganos administrativos que resuelven recursos especiales, como los tribunales económico administrativos, cuando son de ámbito local o autonómico.
7.Los recursos en materia de prohibición administrativa o de propuesta de modificación de manifestaciones.
8.8º Los TSJ ejercen ciertas competencias de tipo funcional con respecto a los juzgados de su ámbito territorial. En concreto les corresponde conocer de los recursos de apelación y de queja contra las resoluciones de los juzgados de lo contencioso-administrativo. Resuelven también los recursos de revisión de las sentencias de los juzgados y las cuestiones de competencia planteadas entre estos. Por último se les ha atribuido también dar solución de los recursos de casación para la unificación de doctrina y recursos de casación en interés de la ley cuando se plantean por cuestiones de derecho autonómico.
> Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN:
1º A esta sala le corresponde controlar las actuaciones de los ministros y secretarios de Estado en todas las materias excepto en materia de personal que no se refiera al nacimiento o extinción de la relación de servicio de los funcionarios de carrera.
2º También controla las actuaciones de los órganos centrales del Ministerio de Defensa.
3º Controla los convenios entre AP. Cuyo ámbito de aplicación abarque todo el territorio del Estado.
4º Controla los actos de naturaleza económica-administrativa del Ministro de Economía y Hacienda del Tribunal Económico y Administrativo central.
5º Controla los actos dictados por el juzgado de vigilancia de actividades de financiación del terrorismo y los dictados por el tribunal administrativo central de recursos
6º Controla la actuación de una serie de entidades y órganos de la Administración del Estado que se caracterizan por su independencia
En el plano funcional ejerce con respecto a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo competencias similares a la que tienen los TSJ sobre los Juzgados de lo contencioso-administrativo y resuelve los recursos en relación con apelación, queja y omisión.
> Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS:
Esta sala tiene atribuida en única instancia la competencia para conocer de los recursos contencioso-administrativos que se plantean contra las actuaciones de determinados órganos estatales.
1º Actuaciones que provengan del Consejo de Ministros, del Gobierno Central y de sus comisiones delegadas.
2º Actuaciones del Consejo General del Poder Judicial
3º Actuaciones en material de personal, gestión patrimonial y contratación del Congreso, Senado, TC, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo.
Además de estas competencias ejercidas en única instancia, el TS ejerce competencias de carácter funcional con respecto a los TSJ y a la AN. Conoce de los recursos de casación y de los correspondientes recursos de queja frente a las resoluciones de estos órganos, así como de los recursos de revisión. Estas mismas competencias se aplican también a las resoluciones dictadas por el Tribunal de Cuentas.
Por último, la ley menciona las competencias de esta sala en materia electoral. Así el TS controla las actuaciones de la Junta Electoral Central, los acuerdos de proclamación de electos en las elecciones generales y al PE y controla las elecciones de miembros de las Salas de Gobierno de los Tribunales.

Competencia territorial:


(art. 14)
La regla general para determinar el ámbito de la competencia territorial es atender al lugar donde tenga su sede el órgano que ha realizado su actuación. Luego hay unas reglas especiales para presupuestos:
1º En materia de personal, propiedades especiales y sanciones administrativas, se aplica el fuero electivo, es decir, el demandante puede elegir entre el Juzgado o Tribunal del lugar donde tenga su sede el órgano administrativo o el correspondiente a su propio domicilio. Esto tiene una limitación y es que ese fuero electivo, sólo se puede aplicar cuando los órganos jurisdiccionales correspondientes según estos dos fueros estén en territorio de la misma CA.
2º Cuando se impugna cualquier actuación administrativa que comporte intervención administrativa sobre la propiedad privada, el fuero viene determinado por el lugar donde radican los inmuebles afectados.
3º En el caso de que la actuación impugnada afecta a una pluralidad de destinatarios y esto provoca que sean competentes distintos Tribunales y Juzgados aplicando las reglas generales. Prevalece el fuero correspondiente al lugar donde tenga su sede el órgano administrativo.

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