Derecho universal

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C)Los diferentes elementos que lo configuran

Podríamos definir el Estado de derecho como el tipo de Estado en el que el aparato de gobierno estatal se organiza y sobre todo actúa sometido al derecho, partiendo del principio de división del poder como mecanismos para asegurar que el aparato Estatal respetará una esfera de derechos personales. El estado de derecho, pues, se caracteriza por tres elementos:
a) supremacía de la ley entendida como expresión de la voluntad general,
b) separación de poderes como principio de organización del Estado, y
c) proclamación y garantía de unos derechos y libertades que pertenecen a todos los hombres por igual. Como hemos visto, estas ideas de configurar un estado limitado por el derecho se desarrollaron durante las revoluciones liberales, y ha llegado hasta nuestros días. Pero cabe destacar que el estado de derecho no es sólo un estado con derecho, dado que debe perseguir unos valores o elementos materiales, que son los elementos acabados de mencionar. El principio de normatividad significa que el derecho, además de limitar el poder, canaliza el funcionamiento del estado, y esto se hace desde la Constitución, pasando por la ley y terminando por el poder judicial y la administración pública, y los propios ciudadanos, como operadores y aplacadores de las normas jurídicas. Esta función descansa singularmente en el poder judicial. La seguridad jurídica es el concepto que resume todo lo que se pretende con el estado de derecho: evitar la arbitrariedad y someter a responsabilidad las actuaciones contrarias al derecho. La separación de poderes es otro elemento definitorio de todo estado de derecho: heredera de la idea clásica del gobierno mixto o bien equilibrado (Locke, Montesquieu) este principio pretende evitar la concentración del poder en unas únicas manos y en consecuencia defiende que esté dividido, equilibrado y controlado. Sólo cuando el poder esté dividido y repartido entre varios detentadores que se limitan y controlan recíprocamente puede ser efectiva la sujeción de los poderes al derecho y la garantía de los derechos y libertades de las personas. Hay una distinción entre poderes constituidos y el poder constituyente que es quien hace la Constitución (Art. 1.2 CE). La garantía de los derechos y libertades, conlleva que el estado debe establecer una organización política al servicio de la libertad y la dignidad de la persona. El estatuto de la libertad ha pasado a lo largo de la historia por diferentes momentos: el de la libertad frente al poder, el de la libertad para poder participar en la configuración del poder, el de la libertad como capacidad para recibir prestaciones equilibradores de la igualdad de la ciudadanía, etc. Los derechos y libertades no son sólo derechos subjetivos sino que reflejan un orden de valores y por tanto tienen un carácter objetivo, siendo elementos esenciales del ordenamiento jurídico (STC 25/1981, de 14 de Julio 1981). Estos son los tres grandes pilares en que se basa el Estado democrático, que podríamos definir como aquel tipo de Estado en el que los ciudadanos pueden participar en condiciones de igualdad en la gestión y control de los poderes públicos, porque el poder supremo, la soberanía, corresponde a todos los ciudadanos y el pueblo (los integrantes de la comunidad política) es la única fuente legítima de poder político. En la CE encontramos la perspectiva democrática en la definición de la forma de estado como social y democrático de derecho (Art. 1.2 CE: “la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado“. La referencia al estado social pone de manifiesto otro elemento que define el estado actual, como regulador, benefactor y empresario. El Estado social o Estado del bienestar es aquel tipo de Estado que interviene en el orden económico con el fin de garantizar unas mínimas condiciones de vida en la población, es decir, para hacer efectivo el principio de igualdad. En un Estado social la igualdad no puede ser sólo una igualdad formal (todos el mismo trato), propia del Estado liberal de derecho, que se basaba en la libre oferta y demanda y en la autorregulación del mercado y por tanto pretende un Estado mínimo y no interventor. En el Estado social la igualdad debe ser también una igualdad material: real, efectiva, y por tanto, que implica tratar desigualmente a los que son desiguales. Una igualdad de oportunidades. Pero un mínimo de igualdad, porque el estado social no es un estado socialista. La intervención en el orden económico es lo que diferencia el Estado social del liberal. Este puede ser un Estado muy pequeño, con relativamente pocos funcionarios, un Estado mínimo. Con el Estado social la seguridad adquiere un nuevo matiz: ya no es sólo seguridad contra el abuso de poder sino también seguridad frente a la miseria, el trabajo excesivo, la enfermedad, etc. La misión del Estado es buscar una cierta protección de la persona, “desde la cuna a la sepultura”. El despliegue de la cláusula de Estado social (Art. 1.1. CE). Así, el estado actual se ve condicionado a actuar en diferentes ámbitos, por razones de justicia social, con el fin de conseguir un Estado del bienestar que en ocasiones necesita unos recursos económicosn que hoy en día parecen demasiado a menudo escasos. 


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