Artículos 9.3 principio de legalidad

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Del artículo 148 y 149 de la Constitución se pueden establecer las siguientes formas de relación o distribución competencial:
Competencia exclusiva, donde todas las funciones sobre una materia se le atribuyen al Estado o bien a la CCAA (es el supuesto normal, donde rige el principio de competencia).
Competencias compartidas, que a su vez tiene dos modalidades (se pueden legislar por ambas): Que al Estado le corresponde toda la legislación y a las CCAA solo la ejecución de las misma (como la legislación laborar recogida en el art. 149.1.7ª).-Que al Estado le corresponde la legislación básica y a las CCAA el desarrollo legislativo y la ejecución de la misma. Como por ejemplo, el art. 149.1.18ª.(cuando las competencias son compartidas, aquí no rige el principio de competencia, sino el de jerarquía normativa junto con el de competencia. El Estado que se reserva la ley de bases, la ley autonómica no podrá ir nunca contra una ley estatal.)

-Principio de especialidad

Según el cual, la norma especial prevalece sobre la norma general, aunque esta sea posterior. Cabe significar, que este principio se aplica entre normas del mismo rango y regula las relaciones entre normas cuyo ámbito material coincide parcialmente, es decir, el ámbito de la especial es parte de la general. En estos casos, la norma especial desplaza a la norma general, pero no pierde su validez.

-Principio cronológico

Sobre este principio hay que decir que aquí la norma posterior va a prevalecer sobre la norma anterior y al igual que en el anterior principio, se va a aplicar sobre normas del mismo rango y regula las relaciones entre normas cuyo ámbito material es idéntico. La ley posterior deroga a la anterior.

-Otros principios constitucionales del ordenamiento jurídico : -Principio de constitucionalidad y juridicidad

Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. De esta forma se observa, que el principio de constitucionalidad (el valor normativo de la Constitución) se ve plasmado por ese valor normativo de la Constitución y forma parte del ordenamiento jurídico español.(art9 C) -El principio de juridicidad, por el cual existe un sometimiento de los ciudadanos y poderes públicos al ordenamiento jurídico.
-Cláusula de progreso, y así, mediante la misma, el Estado social que proclama en el artículo 1.1 de la Constitución, viene a modificar los principios de libertad e igualdad propios del Estado liberal e impone la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad y libertad del individuo y los grupos en que se integren sean reales y efectivas.

-Principio de garantías para la seguridad jurídica

El artículo 9.3 consagra diversos principios constitucionales que vienen a sintetizarse en el principio de seguridad jurídica, como son:


-PRINCIPIO DE LEGALIDAD

#-Principio de jerarquía normativa.

-Principio de publicidad de las normas

Viene como exigencia del Estado de Derecho y derivado del principio de seguridad jurídica y también del principio por el cual, las normas son exigibles, aunque no se conozcan. Así, el artículo 6.1 del Código Civil indica “la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento”. Se trata de una publicación formal. Es la publicación de la norma completa, en un periódico oficial, para que haya constancia fehaciente de su contenido. Esto le da validez y vigencia a la norma. Sin este requisito no tendría validez en nuestro ordenamiento jurídico. Las leyes entrarán en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE, si en ellas no se dice lo contrario. El artículo 1.5 del Código Civil establecía que las normas jurídicas contenidas en los Tratados Internacionales no serán de aplicación en España en tanto no hayan formado parte en nuestro ordenamiento jurídico, mediante su publicación íntegra en el BOE. A los reglamentos y demás disposiciones administrativas se les exige que sean publicados en un diario del ámbito territorial al que pertenecen. Según en el artículo 52.1 de la ley 30/1992 se establece como publicaciones oficiales: – EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. – EL DIARIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. – EL BOLETÍN OFICIAL DE CADA PROVINCIA. Las normas autonómicas requieren una doble publicación, en el BOE y en el Diario oficial de dicha CCAA. Ésta última publicación, es la que determina la validez y entrada en vigor en este caso.

Principio de irretroactividad de las normas sancionadas no favorables o restrictivas de derechos individuales

El principio de irretroactividad de las leyes, entendíéndose la irretroactividad como la prohibición de que una ley tenga carácter o efecto retroactivo (efecto hacia atrás en el tiempo).

Antes de la Constitución, el Código Civil, en su artículo 2.3 establecía que las leyes no tendrán carácter retroactivo, sino se dispone lo contrario en las propias leyes. La Constitución, en su artículo 9.3 declara ese principio y sobre todo para esas “disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales” (tal es el caso de las leyes del código penal o leyes administrativas). La regla general dice que las leyes podrán tener efecto retroactivo si lo disponen expresamente, salvo las expresadas en el artículo 9.3 (no favorables o restrictivas de derechos individuales).

Principio de seguridad jurídica

Es la suma de todos los principios enumerados en el artículo 9.3. Lo que implica este principio es la certeza sobre el derecho aplicable y las consecuencias jurídicas de las acciones, entendiendo este principio, no como una norma aislada, sino al ordenamiento en su conjunto. Implica suficiente claridad y precisión de la norma para evitar excesiva discrecionalidad en la aplicación.

Principio de responsabilidad e interdicción (prohibición) de la arbitrariedad de los poderes públicos

Se establece por este principio la prohibición para todos los poderes públicos de las actuaciones arbitrarias. Es decir, aquellas que carecen de fundamento objetivo y que son caprichosas, irrazonables y desproporcionadas. Además se consagra la responsabilidad de todos los poderes públicos, y así la propia Constitución establece varios ejemplos de responsabilidades: -Responsabilidad patrimonial del Estado por lesiones causadas por el funcionamiento de los servicios públicos (art. 106.2) (Ejemplo, accidente metro de Valencia). -Responsabilidad por error judicial o funcionamiento anormal de la Justicia (art. 121). -En el caso del Rey, traslada la responsabilidad al órgano refrendante (art. 56.3 y 64).

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